Imagen generada con Inteligencia Artificial. El Carrerino 2026.
La denominada Operación Cancerbero, uno de los mayores despliegues penitenciarios realizados en Chile para aislar a internos vinculados al crimen organizado, sufrió este miércoles su primer revés judicial: el Juzgado de Garantía de Iquique ordenó el retorno de integrantes del denominado Clan Chen desde la nueva cárcel La Laguna, en Talca, al complejo penitenciario de Alto Hospicio.
La decisión afecta a Longdi Chen, Wu Chen, Wen Chen y Ziliang Chen, imputados por asociación ilícita y lavado de activos. Según los antecedentes difundidos por Informe Especial y recogidos por T13, el tribunal consideró que el informe elaborado por Gendarmería no cumplía con el estándar necesario para sustentar el traslado. La institución había argumentado razones vinculadas con la seguridad y la integridad de los internos.
El caso adquiere especial relevancia porque los Chen se encontraban entre los internos trasladados a La Laguna como parte de la estrategia del Gobierno para concentrar a reclusos considerados de alta peligrosidad y reducir la capacidad de las organizaciones criminales para operar desde los recintos penitenciarios.
La operación había significado el traslado masivo de cientos de internos hacia el nuevo penal de Talca, que el Gobierno presentó como una pieza central de su estrategia contra el crimen organizado. El recinto alcanzó cerca del 83% de su capacidad, con alrededor de 1.900 internos, tras el despliegue penitenciario.
Una organización bajo la lupa internacional
El Clan Chen comenzó a ser investigado después de una alerta internacional vinculada al FBI, que detectó estafas dirigidas principalmente contra ciudadanos estadounidenses. La organización habría utilizado sociedades constituidas en Chile y mecanismos asociados a la Zona Franca de Iquique para ingresar y posteriormente lavar los recursos obtenidos mediante falsas inversiones.
Los montos involucrados dan cuenta de la dimensión del caso. Las distintas investigaciones han estimado el perjuicio en más de US$180 millones y cientos de víctimas, principalmente personas que fueron atraídas mediante supuestas oportunidades de inversión y criptomonedas.
La investigación, por tanto, expone una modalidad de crimen organizado que combina estafas transnacionales, sociedades comerciales, movimientos financieros y lavado de activos, aprovechando estructuras legales y económicas para ocultar el origen del dinero.
Arrau apunta al “espacio de confort”
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, cuestionó públicamente la resolución y puso el episodio como ejemplo de una de las dificultades que, a juicio del Gobierno, enfrenta actualmente el sistema penitenciario.
“Vemos que hay ya personas que fueron trasladadas a La Laguna en Talca que han presentado recursos para ser devueltos por diferentes justificaciones”, sostuvo el ministro, quien afirmó que algunos terminan regresando a recintos “con otras normas de seguridad” y en lo que calificó como su “espacio de confort”.
Arrau vinculó el caso con la reforma de seguridad impulsada por el Ejecutivo. La propuesta busca establecer un régimen penitenciario especial para personas condenadas por crimen organizado o terrorismo, de manera que su pertenencia a determinadas organizaciones determine condiciones de reclusión más estrictas y dificulte que puedan continuar operando desde las cárceles.
El Gobierno también enfrenta ahora una decisión práctica: Gendarmería evalúa presentar acciones legales para intentar revertir la resolución judicial, mientras desde el Ministerio de Justicia se ha señalado que las políticas de segregación penitenciaria corresponden a la institución.
El episodio deja así una pregunta incómoda para la política de seguridad: ¿puede el Estado aislar efectivamente a las organizaciones criminales si las decisiones sobre dónde y bajo qué régimen permanecen sus integrantes pueden ser revertidas posteriormente?
La Operación Cancerbero buscaba precisamente responder esa pregunta mediante una nueva arquitectura penitenciaria. El regreso del Clan Chen a Alto Hospicio demuestra que, al menos por ahora, la batalla contra el crimen organizado también se está librando en los tribunales.
