Valla entre Ceuta y Marruecos. Foto: Xemenendura / Wikimedia Commons — CC BY-SA 3.0.
Un documento elaborado por la Policía Nacional española una semana antes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta reabrió el debate sobre la información que manejaban las autoridades y las medidas adoptadas para proteger la frontera con Marruecos.
El antecedente fue revelado en exclusiva por The Objective, medio que accedió a una evaluación del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, fechada el 23 de julio de 2026. El informe examinó los riesgos de llegadas irregulares a España durante la semana comprendida entre el 24 y el 30 de ese mes.
Siete días después de su elaboración, los días 30 y 31 de julio, decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta, ciudad española situada en el norte de África. Las estimaciones variaron durante las jornadas posteriores hasta situarse en alrededor de 80.000 ingresos, una cantidad cercana a la población habitual del enclave.
El documento policial identificó distintos puntos de salida en el norte de Marruecos, entre ellos Nador, Alhucemas y Cabo Tres Forcas. También incorporó rutas desde Tan-Tan y Tarfaya, en la costa atlántica marroquí, además de lugares ubicados en Mauritania y Senegal.
En territorio español, el nivel máximo de riesgo fue asignado a Cádiz, Almería, Murcia, Alicante, Mallorca e Ibiza. Granada fue ubicada en un nivel intermedio y otros sectores, incluidos algunos puntos de Canarias, aparecieron bajo una categoría inferior.
Una advertencia general, no una predicción sobre Ceuta
El contenido conocido no permite afirmar que la Policía anticipara específicamente una entrada masiva por Ceuta. La ciudad autónoma no aparece entre los lugares marcados con el máximo nivel de riesgo y el informe tampoco establecía una fecha, cantidad de personas o modalidad concreta para el cruce fronterizo.
El propio artículo de The Objective reconoce esa limitación. El documento muestra que existía preocupación por las rutas procedentes del norte de África, pero no prueba que las autoridades conocieran de antemano el lugar ni la dimensión del episodio que se produciría el 30 de julio.
La evaluación utilizó seis indicadores: condiciones meteorológicas, peligrosidad de las rutas, actuaciones policiales en los países de origen, relaciones bilaterales con España, situación sociopolítica y actividad de las redes dedicadas al tráfico de personas.
A esa señal se sumaban cifras oficiales que ya mostraban un aumento de la presión sobre Ceuta. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, entre el 1 de enero y el 15 de julio habían ingresado irregularmente por vía terrestre 2.826 personas, un 150% más que durante el mismo periodo de 2025.
El dato contrastaba con la tendencia general de España. En ese mismo periodo, las entradas irregulares al país disminuyeron un 25%, debido principalmente a la reducción de las llegadas a Canarias. La presión migratoria, por lo tanto, estaba cambiando de ruta y concentrándose con mayor intensidad en Ceuta y Melilla.
Las versiones enfrentadas sobre los avisos
La exclusiva se incorpora a una controversia que comenzó pocos días después de la crisis. Fuentes relacionadas con la seguridad del Estado aseguraron a Cadena SER que el Centro Nacional de Inteligencia había realizado varias advertencias sobre el riesgo de una llegada masiva desde Marruecos.
El Ministerio del Interior negó haber recibido un informe que anticipara una situación como la ocurrida. No obstante, reconoció que desde mediados de julio había detectado un aumento de las llegadas a nado y que el dispositivo de vigilancia fronteriza se había reforzado progresivamente.
El vicepresidente primero del Gobierno español, Carlos Cuerpo, sostuvo posteriormente que, con los antecedentes disponibles, el volumen alcanzado por la entrada masiva era “totalmente imprevisible”. También defendió la necesidad de mantener la cooperación con Marruecos y mejorar los mecanismos de alerta temprana frente a convocatorias difundidas mediante redes sociales.
La discusión, por consiguiente, no gira únicamente en torno a si existían señales previas. Las cifras oficiales demuestran que la presión sobre Ceuta había aumentado, mientras el documento revelado confirma que la Policía analizaba un riesgo elevado en las rutas norteafricanas. La pregunta es si esos antecedentes eran suficientemente concretos para activar una respuesta de mayor escala.
Después de la crisis, España reforzó sus controles y acordó nuevas medidas de coordinación con las autoridades marroquíes. El Gobierno atribuyó parte de la movilización a redes que difundieron información falsa y promovieron los cruces irregulares, pero no existe una conclusión pública definitiva que permita responsabilizar al Estado marroquí por la organización del episodio.
El informe conocido ahora aporta una nueva pieza a la cronología, aunque no resuelve la controversia. Confirma que había señales de presión migratoria antes del 30 de julio, pero no constituye una prueba de que la Policía hubiese previsto específicamente la crisis que finalmente desbordó a Ceuta.
