Prensa Presidencia.
El Presidente José Antonio Kast encabezó este martes en la Plaza de la Constitución la entrega de 26 vehículos a la Policía de Investigaciones (PDI), en una ceremonia que el Gobierno vinculó con su estrategia para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y los delitos de alta complejidad.
Los vehículos serán destinados a fortalecer las capacidades operativas de distintas unidades de la institución. La inversión conjunta fue estimada en $1.853 millones e incluye unidades blindadas y otros automóviles de apoyo para labores investigativas y procedimientos policiales de mayor riesgo.
En el acto participaron el ministro del Interior, Claudio Alvarado; el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; la subsecretaria de Seguridad, Pilar Giannini; el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, y el director general de la PDI, Eduardo Cerna, entre otras autoridades.
Un antecedente relevante es que los vehículos corresponden a tres adquisiciones efectuadas durante 2024 y 2025, antes de la instalación del actual Gobierno. El propio mandatario reconoció que se trata de una política de Estado y que los procesos de compra se desarrollaron a lo largo del tiempo, aunque a su administración le correspondió concretar la entrega.
Kast utilizó la ceremonia para insistir en que el fortalecimiento de las policías no depende únicamente de la disponibilidad de vehículos, tecnología o equipamiento. A su juicio, estos recursos deben ir acompañados de respaldo jurídico, institucional y político para que los funcionarios puedan cumplir sus tareas.
“Si no hay respaldo legal, si no hay respaldo político, ¿de qué sirven los vehículos?”, planteó el Presidente ante los integrantes de la PDI presentes en la actividad.
El mandatario sostuvo además que el crimen organizado dispone actualmente de recursos económicos, armas, vehículos y tecnología, lo que obliga al Estado a mejorar las condiciones con las que trabajan sus instituciones policiales. Al mismo tiempo, afirmó que esa respuesta debe desarrollarse respetando los derechos de las personas.
El mensaje se produce mientras La Moneda intenta avanzar con la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, presentada a comienzos de agosto. El paquete contempla modificaciones legales y constitucionales destinadas a ampliar las herramientas estatales frente a organizaciones criminales, además de medidas operativas y un mayor despliegue policial.
Parte de esas propuestas necesita respaldo parlamentario y algunas han generado reparos respecto de su alcance y efectividad. En ese escenario, la intervención de Kast buscó vincular la entrega material de equipamiento con una discusión más amplia: la necesidad de conseguir acuerdos políticos para que la agenda de seguridad del Ejecutivo pueda transformarse en legislación.
Con la ceremonia, el Gobierno volvió a colocar la seguridad en el centro de su despliegue público y reforzó su señal de apoyo a Carabineros y la PDI. El avance de esa estrategia dependerá ahora no solo de la ejecución administrativa, sino también de la capacidad de La Moneda para reunir los votos necesarios en el Congreso.
