Imagen generada con Inteligencia Artificial. El Carrerino 2026.
La noche del 4 de agosto, José Antonio Kast recibió en La Moneda a los cinco senadores de la UDI. El encuentro tenía un objetivo concreto: asegurar los votos necesarios para cerrar la tramitación de la megarreforma económica, el principal proyecto presentado por el Ejecutivo durante sus primeros meses.
La negociación funcionó. Al día siguiente, el Senado aprobó con 27 votos la última norma pendiente y el Gobierno pudo celebrar su primera gran victoria legislativa. La iniciativa había ingresado al Congreso el 22 de abril y fue despachada en menos de cuatro meses, aunque quedaron pendientes los vetos anunciados por Hacienda y los requerimientos presentados ante el Tribunal Constitucional.
El resultado parecía confirmar que Kast podía alinear a los distintos partidos de la derecha y conseguir respaldos adicionales cuando fuera necesario. Para asegurar la aprobación no bastó con Republicanos y Chile Vamos: el Gobierno también debió negociar con parlamentarios independientes y actores que no forman parte de su coalición. La intervención directa del Presidente y el trabajo del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, permitieron destrabar los últimos votos.
Sin embargo, la imagen de unidad comenzó a cambiar pocos días después.
Cuando el Ejecutivo trasladó sus esfuerzos desde la economía hacia la seguridad, la misma UDI que había sido decisiva para aprobar la megarreforma anunció que no estaba disponible para respaldar, en su estado original, una de las principales iniciativas de La Moneda.
El problema no fue la seguridad como prioridad. Las diferencias aparecieron en la forma escogida por el Gobierno para avanzar y en las atribuciones contempladas en su reforma constitucional.
Una mayoría que debe reconstruirse en cada votación
Kast llegó a La Moneda respaldado por una derecha que obtuvo más de la mitad de los votos en la primera vuelta presidencial de 2025 al sumar los resultados de su candidatura y las de Johannes Kaiser y Evelyn Matthei. Pero esa mayoría electoral no se convirtió automáticamente en una mayoría parlamentaria cohesionada.
En el Congreso conviven Republicanos, la UDI, Renovación Nacional, el Partido Nacional Libertario y un grupo de parlamentarios de Evópoli, además de independientes y sectores que pueden acompañar al Gobierno dependiendo del proyecto.
La composición vigente de la Cámara de Diputadas y Diputados muestra esa dispersión. Republicanos es el partido más grande de la derecha, pero no puede aprobar por sí solo las iniciativas del Ejecutivo. La UDI y RN poseen sus propias directivas, prioridades y preocupaciones institucionales, mientras que el PNL intenta mantener una posición autónoma y presionar al Gobierno desde un sector más duro.
Esto obliga a La Moneda a construir una mayoría distinta para cada discusión. Algunos proyectos pueden reunir a toda la derecha; otros necesitan votos del Partido de la Gente o de parlamentarios independientes. En las reformas constitucionales, además, el quórum aumenta y cada desmarque adquiere mayor importancia.
La megarreforma demostró que el Gobierno puede negociar. También expuso la fragilidad de su base: los votos estuvieron disponibles después de reuniones, modificaciones y acuerdos específicos, no porque existiera una mayoría permanente alineada detrás de todo el programa presidencial.
La seguridad que comenzó a dividir al oficialismo
La seguridad fue una de las principales promesas de campaña de Kast. Después de completar la tramitación de la megarreforma, el Presidente presentó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, conocida como ACOT, un paquete que contempla decenas de iniciativas legales y una reforma constitucional.
El proyecto busca incorporar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado, establecer un nuevo estado de excepción y entregar mayores herramientas para enfrentar a organizaciones criminales y terroristas. Durante la firma de la propuesta, Kast pidió al Congreso avanzar con rapidez y “altura de miras”, mientras desde el Senado se reconoció la urgencia del problema, aunque con matices respecto de las medidas. El proyecto comenzó así su recorrido legislativo.
Las primeras dudas, sin embargo, surgieron dentro del propio oficialismo.
Un borrador de la iniciativa contemplaba restricciones a determinadas prestaciones estatales para personas condenadas por terrorismo, narcotráfico o crimen organizado. También proponía un nuevo estado de excepción frente a amenazas graves a la seguridad pública, con facultades extraordinarias para restringir derechos y registrar comunicaciones.
Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, advirtió que su partido no podía respaldar la reforma en esas condiciones porque, a su juicio, algunas disposiciones podían dañar la institucionalidad. La posición no fue compartida por todos los integrantes del gremialismo, el senador Iván Moreira defendió el objetivo del Ejecutivo, pero la declaración obligó a La Moneda a abrir una nueva negociación.
Kast respondió que era apresurado afirmar que no existían los votos y llamó a los parlamentarios a revisar el texto definitivo. Sin embargo, el Gobierno tuvo que reducir el alcance de su propuesta original e intentar acercar posiciones con la UDI, RN y Evópoli.
Los reparos no desaparecieron. La vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, planteó que el Ejecutivo debía evaluar una pausa o extender los plazos de discusión. Afirmó que la reforma careció de suficiente trabajo prelegislativo y que terminó opacando las otras iniciativas de seguridad.
RN también expresó inquietudes. Su directiva cuestionó tanto el nuevo estado de excepción como algunas inhabilidades relacionadas con prestaciones de salud y educación. La colectividad anunció que consultaría a especialistas antes de adoptar una posición definitiva. La discusión dejó al Gobierno intentando recuperar apoyos dentro de su propio sector.
Para aprobar la reforma en el Senado, La Moneda necesita 29 votos. El presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, advirtió que, antes de las modificaciones solicitadas, ni siquiera estaban completamente asegurados los 26 respaldos que suele reunir el oficialismo. La reforma ingresó así al Congreso sin una mayoría previamente consolidada.
El episodio dejó una primera lección: no basta con que los partidos compartan el diagnóstico sobre la delincuencia. También deben coincidir en las herramientas, los límites institucionales y el lugar que corresponde a la Constitución.
Chile Vamos busca conservar su identidad
Las diferencias con la UDI y RN no significan necesariamente un quiebre con el Gobierno. Ambos partidos participaron en la aprobación de la megarreforma y han respaldado la prioridad otorgada a la seguridad y la reactivación económica.
Lo que muestran sus reparos es otra tensión: Chile Vamos no quiere ser únicamente una extensión parlamentaria de Republicanos.
La coalición tradicional de la derecha intenta demostrar que puede respaldar al Gobierno sin renunciar a su propia identidad. Esto se vuelve especialmente visible cuando se discuten reformas constitucionales, derechos fundamentales o asuntos relacionados con el legado de los gobiernos anteriores.
Un ejemplo apareció en la comisión investigadora de la Cámara sobre la violencia del 18 de octubre de 2019. El informe promovido por el Partido Nacional Libertario acusó “excesivos incumplimientos” de la segunda administración de Sebastián Piñera en el resguardo del orden público. También planteó limitar las atribuciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Chile Vamos rechazó esas conclusiones y la UDI adelantó que votaría en contra del documento cuando llegara a la Sala. La controversia abrió una disputa dentro de la derecha sobre la evaluación del gobierno de Piñera y la manera de interpretar el estallido social.
Para Republicanos y el PNL, cuestionar la respuesta de aquella administración permite reforzar la idea de que la derecha tradicional fue insuficientemente firme. Para Chile Vamos, aceptar ese diagnóstico significaría responsabilizar a uno de sus propios gobiernos y renunciar a una parte importante de su historia política.
Kaiser presiona desde fuera de La Moneda
En el otro extremo se encuentra el Partido Nacional Libertario. Aunque no integra formalmente el Gobierno, sus votos y su capacidad para disputar al electorado más duro de la derecha le entregan influencia sobre la agenda.
En julio, Johannes Kaiser afirmó que el Gobierno estaba “bailando la música” que ponía su partido. Posteriormente moderó la expresión, pero mantuvo la idea de que el PNL había conseguido instalar debates que La Moneda no tenía entre sus prioridades inmediatas.
Uno de ellos fue el proyecto “Escucha tu corazón”, relacionado con la información que debe recibir una mujer antes de interrumpir un embarazo bajo alguna de las tres causales permitidas por la ley.
La presión colocó al Ejecutivo ante una decisión incómoda. Avanzar con rapidez podía tensionar la relación con sectores moderados de su base; postergar la discusión podía ser interpretado por el PNL como una renuncia a compromisos valóricos.
Kast optó por poner esa agenda en pausa y concentrar los esfuerzos del Gobierno en economía y seguridad. Republicanos, la UDI y RN respaldaron la decisión, mientras el PNL anunció que continuaría impulsando sus propias iniciativas. La determinación permitió reducir momentáneamente las tensiones, pero no cerró la disputa.
El PNL se encuentra en una posición favorable para ejercer presión. Puede apoyar los proyectos que coincidan con su agenda y criticar aquellos que considere insuficientes, sin asumir directamente los costos de administrar el Estado, negociar el presupuesto o responder por una reforma que fracase en el Congreso.
Ordenar no significa disciplinar
El desafío de Kast no consiste en conseguir que todos los partidos de derecha piensen igual. Las diferencias entre Republicanos, Chile Vamos y el PNL responden a historias, electorados e intereses distintos.
El problema aparece cuando esas diferencias se conocen después de que un proyecto ha sido anunciado o enviado al Congreso. En esos casos, la discusión deja de ser solamente legislativa y comienza a mostrar fallas en la coordinación política del oficialismo.
La megarreforma económica ofrece una ruta posible. El Gobierno logró aprobarla porque negoció, modificó aspectos de la iniciativa y sumó respaldos que no tenía al comenzar la discusión. No fue una demostración de disciplina automática, sino de conducción política.
La reforma constitucional de seguridad presenta la situación contraria. La Moneda anunció una iniciativa ambiciosa antes de asegurar el respaldo de todos sus socios. Las objeciones posteriores la obligaron a acotar la propuesta y explicarla nuevamente mientras se preparaba su tramitación.
Kast necesita ordenar a la derecha, pero ordenar no equivale a imponer. Significa establecer prioridades compartidas, realizar un trabajo prelegislativo más profundo y reconocer que los partidos que respaldan al Gobierno no poseen los mismos límites ni responden ante el mismo electorado.
Los primeros meses han mostrado que el Presidente puede reunir una mayoría cuando se involucra directamente en las negociaciones. También han dejado claro que esa mayoría puede desaparecer al proyecto siguiente.
La derecha ganó la elección, pero todavía está aprendiendo a gobernar como coalición. De la capacidad de Kast para conducir esas diferencias dependerá una parte importante del futuro de su agenda.
