La llamada “Ley del Mono” volvió al debate público luego de que avanzara en el Congreso un proyecto que busca ampliar el número de viviendas que podrían acogerse a este mecanismo de regularización.
La normativa corresponde a la Ley N°20.898, que permite que propietarios puedan obtener en un procedimiento simplificado el permiso de edificación y la recepción definitiva de viviendas o ampliaciones que fueron construidas sin contar con todos los permisos municipales o que no tienen su recepción final.
La medida apunta principalmente a viviendas de autoconstrucción y modificaciones realizadas con el paso de los años, una situación frecuente en distintos sectores del país.
¿Qué es la Ley del Mono?
El beneficio permite que los propietarios puedan poner al día la situación administrativa de sus viviendas mediante un trámite ante la Dirección de Obras Municipales (DOM) correspondiente.
A diferencia de un proceso tradicional de regularización, esta ley establece un procedimiento simplificado que permite tramitar conjuntamente el permiso de edificación y la recepción definitiva, siempre que la propiedad cumpla con los requisitos técnicos y legales establecidos.
Contar con una vivienda regularizada puede facilitar procesos como la venta del inmueble, trámites de herencia, acceso a financiamiento o la actualización del avalúo de una propiedad cuando existen ampliaciones no registradas.
¿Qué viviendas pueden acogerse actualmente?
La normativa vigente establece distintos requisitos para acceder al beneficio.
Entre ellos, que las construcciones hayan sido realizadas antes del 4 de febrero de 2016, que no estén ubicadas en zonas de riesgo, áreas protegidas o terrenos destinados a otros usos, y que cumplan con las condiciones técnicas exigidas.
Actualmente existen límites relacionados con la superficie construida y el avalúo fiscal de la propiedad:
- Viviendas de hasta 90 metros cuadrados con avalúo fiscal inferior a 1.000 UF.
- Viviendas de hasta 140 metros cuadrados con avalúo fiscal inferior a 2.000 UF, según los requisitos establecidos.
Para iniciar el proceso, los propietarios deben presentar antecedentes ante la Dirección de Obras Municipales, incluyendo documentos técnicos como planos y certificados requeridos por la normativa.
Los cambios que busca impulsar el proyecto
La iniciativa que se discute en el Congreso busca ampliar el acceso a la regularización.
Entre las modificaciones propuestas está extender el plazo para acogerse al beneficio hasta el 31 de diciembre de 2029, siempre que las edificaciones cumplan las condiciones establecidas en el proyecto.
Además, se plantea aumentar el límite de avalúo fiscal permitido desde 1.000 UF a 2.000 UF y ampliar la superficie máxima de algunas viviendas que podrían regularizarse, pasando de 90 a 120 metros cuadrados en determinados casos.
El proyecto también contempla la creación de equipos comunales de regularización para entregar apoyo a familias que necesiten realizar estos trámites.
¿Por qué es importante tener la vivienda regularizada?
Una propiedad sin recepción definitiva puede generar dificultades para realizar algunos trámites legales o financieros.
Regularizar permite que la vivienda quede reconocida oficialmente y entrega mayor certeza respecto de sus características, especialmente cuando existen ampliaciones que no fueron incorporadas en los registros municipales.
Sin embargo, el beneficio no se aplica automáticamente a todas las viviendas. Cada caso debe ser revisado por la Dirección de Obras Municipales y cumplir con las exigencias técnicas correspondientes.
El proyecto continúa su tramitación en el Congreso, por lo que los cambios planteados todavía no entran en vigencia.
