Una investigación por eventuales irregularidades y delitos de corrupción vinculados a las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb llegó este jueves hasta el Congreso Nacional, luego de que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones ejecutaran una serie de allanamientos e incautaciones en distintas regiones del país.
Las diligencias incluyeron las oficinas de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (independiente) en el Congreso, además de dependencias de Junaeb, domicilios particulares y otros inmuebles en la Región Metropolitana y ciudades como Valparaíso, Iquique, Copiapó, La Serena y Coyhaique. La causa es dirigida por la fiscal Constanza Encina.
La persecutora confirmó que la investigación contempla posibles delitos de fraude al Fisco, soborno, cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias, relacionados principalmente con licitaciones de alimentación escolar en la Región de O’Higgins, aunque el Ministerio Público indaga si las eventuales irregularidades se extendieron a otras zonas del país.
Respecto de los parlamentarios, Encina evitó identificarlos públicamente debido al carácter reservado de la investigación, pero señaló que las diligencias solicitadas se vinculan con hechos que, a juicio de Fiscalía, “pueden enmarcarse en varios delitos de cohecho”. Una vez analizada la evidencia, el Ministerio Público evaluará eventuales formalizaciones, solicitudes de desafuero u otras decisiones procesales.
Los nombres de Gahona y Calisto aparecen asociados a las oficinas allanadas y a la resolución judicial conocida durante la jornada. Según informó Mega Investiga, la investigación también contempla diligencias respecto del exdiputado y exconvencional Hugo Gutiérrez (PC), además de funcionarios y exfuncionarios públicos, personas vinculadas a la empresa Soser S.A. y otros particulares.
Tribunal autorizó revisar movimientos bancarios
Una resolución de 23 páginas dictada el 19 de agosto por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago autorizó una amplia batería de diligencias solicitadas por Fiscalía, entre ellas registros de inmuebles, incautación y análisis de computadores y teléfonos, acceso a correos electrónicos, nubes de almacenamiento y antecedentes de geolocalización.
El tribunal también autorizó levantar el secreto bancario y requerir información financiera desde enero de 2018 respecto de distintas personas investigadas y de la propia empresa Soser. Entre los nombres individualizados en la resolución aparecen Sergio Gahona, Miguel Ángel Calisto y Hugo Gutiérrez, junto a exautoridades de Junaeb y otros involucrados en las pesquisas.
La resolución, sin embargo, no establece culpabilidades. Las medidas buscan reunir y analizar antecedentes para determinar si los delitos investigados efectivamente ocurrieron y cuál habría sido la participación de cada una de las personas alcanzadas por las diligencias.
El Senado manifestó, por su parte, su disposición a colaborar con la investigación y entregar los antecedentes que sean requeridos por las autoridades competentes.
El origen de la investigación
La indagatoria comenzó a partir de antecedentes levantados por la actual administración de Junaeb durante una auditoría a contratos del Programa de Alimentación Escolar. En mayo, el organismo entregó al Ministerio Público información sobre presuntas irregularidades que superarían los $14 mil millones en contratos relacionados con la empresa Soser en la Región de O’Higgins.
Según los antecedentes entregados por Junaeb y publicados por La Tercera, el organismo calificó como irregular un total de aproximadamente $14.363 millones correspondiente a pagos efectuados entre 2021 y 2023 por más de 3,3 millones de raciones de once proyectadas. La actual administración sostiene que esas raciones no habrían sido servidas, antecedente que forma parte de la investigación y que todavía debe ser esclarecido judicialmente.
Las pesquisas posteriormente se ampliaron. Según la resolución judicial revelada por Mega Investiga, Fiscalía analiza la eventual existencia de un mecanismo mediante el cual se habría intercambiado información reservada, intervenido en decisiones administrativas y gestionado adjudicaciones en favor de la empresa investigada, supuestamente a cambio de beneficios económicos o laborales.
El director nacional de Junaeb, Fernando Peña, señaló después de los operativos que las nuevas diligencias abrieron una línea relacionada con congresistas y excongresistas, aunque reconoció desconocer el detalle de los eventuales vínculos. Junaeb aseguró que seguirá entregando antecedentes al Ministerio Público.
La investigación se mantiene en desarrollo y bajo reserva, y hasta ahora las diligencias conocidas no equivalen a una condena ni permiten atribuir responsabilidad penal a las personas mencionadas. Será el análisis del material incautado el que determine los próximos pasos de Fiscalía.
