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La reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast comenzó a encontrar resistencia dentro de sectores que habitualmente han respaldado la agenda de La Moneda.
La senadora del Partido Nacional Libertario (PNL) Vanessa Kaiser anunció que, en sus actuales términos, no está disponible para aprobar la iniciativa y cuestionó tanto el alcance del nuevo estado de excepción propuesto como la decisión de elevar determinadas materias al rango constitucional.
En conversación con Radio 13c, Kaiser sostuvo que varias de las disposiciones incluidas deberían ser discutidas mediante leyes y no incorporadas directamente a la Constitución.
“Yo al menos no estoy disponible para aprobar un proyecto que […] muchas de las propuestas que están ahí debiesen de ser materia de ley, no materia de reforma constitucional”, planteó la parlamentaria.
La propuesta fue ingresada al Senado como parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo y contempla ocho modificaciones en materia de seguridad. Entre ellas se encuentra la creación de un nuevo estado de excepción constitucional destinado a enfrentar situaciones que el Ejecutivo defina como amenazas graves e inminentes contra la seguridad pública.
De acuerdo con el proyecto presentado por el Gobierno, esta herramienta podría declararse inicialmente por hasta 120 días y prorrogarse una vez por el mismo período sin requerir previamente la aprobación del Congreso.
Durante su vigencia podrían restringirse o suspenderse derechos como la libertad personal y de desplazamiento, el derecho de reunión y el ejercicio del derecho de asociación. La iniciativa contempla además facultades relacionadas con interceptación y registro de comunicaciones y requisición de bienes, entre otras medidas.
La duración potencial del estado de excepción, hasta 240 días antes de requerir una autorización parlamentaria para nuevas extensiones, se ha convertido en uno de los principales puntos de controversia.
Una reforma que empieza a dividir al sector oficialista
Los cuestionamientos de Vanessa Kaiser se suman a los planteados previamente por su hermano, el diputado y presidente del PNL Johannes Kaiser.
El dirigente ha advertido que la colectividad podría rechazar la reforma si no se modifican aspectos del nuevo estado de excepción, argumentando que las restricciones contempladas afectarían derechos constitucionales de la población en general y no exclusivamente a personas vinculadas al crimen organizado.
Hasta ahora, sin embargo, no existe una decisión formal conocida del PNL para votar como bloque en contra de toda la reforma.
Los reparos también han aparecido fuera de ese partido. Parlamentarios cercanos al oficialismo y figuras no alineadas que habitualmente pueden entregar votos al Ejecutivo han manifestado dudas respecto de la amplitud de las atribuciones propuestas.
Entre ellos se encuentra el senador Matías Walker, quien ha cuestionado la posibilidad de mantener un estado de excepción durante varios meses sin un control previo del Congreso, según informó La Tercera.
Las críticas representan un desafío para La Moneda, considerando que una reforma constitucional requiere un respaldo parlamentario superior al de una ley común y obliga al Gobierno a construir acuerdos más amplios dentro y fuera de su sector.
Desde el Ejecutivo han defendido la iniciativa argumentando que las nuevas atribuciones permitirían intervenir de manera temporal y focalizada territorios donde el crimen organizado o grupos terroristas hayan debilitado el control estatal.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, ha sostenido que la herramienta busca permitir acciones más profundas en zonas específicas y que no está diseñada necesariamente para aplicarse sobre regiones completas.
La discusión recién comienza. El proyecto ingresó con suma urgencia y deberá ser analizado por las comisiones correspondientes del Senado antes de avanzar hacia una eventual votación en sala.
Por ahora, la resistencia expresada por Vanessa Kaiser y otros parlamentarios deja abierta una negociación relevante para una de las principales apuestas de seguridad del Gobierno: definir hasta dónde pueden ampliarse las facultades del Estado frente al crimen organizado sin generar un rechazo suficiente como para bloquear una reforma que necesita mayorías constitucionales.
