Foto: Prensa Presidencia.
El Gobierno ingresó este lunes al Congreso el proyecto denominado “Antibarricadas 2.0”, una iniciativa que busca ampliar las conductas sancionadas actualmente por interrupciones del tránsito y bloqueos en distintos medios de transporte.
La propuesta modifica el Código Penal para incluir no solo interrupciones completas, sino también obstáculos totales o parciales a la libre circulación de personas y vehículos, además del funcionamiento regular del transporte público o privado.
Según el texto difundido por el Ejecutivo, la norma abarcaría servicios terrestres, ferroviarios, subterráneos, marítimos, fluviales, lacustres y aéreos, junto con los vehículos e infraestructura asociados a ellos.
Uno de los principales cambios respecto de la legislación vigente es que no sería necesario acreditar violencia o intimidación para configurar el delito. La iniciativa, sin embargo, excluye interrupciones producidas por accidentes, desperfectos mecánicos u otras causas justificadas.
El proyecto mantiene para esta figura la pena actualmente contemplada, equivalente a presidio menor en su grado mínimo, es decir, entre 61 y 540 días.
Qué cambia respecto de la ley vigente
La denominada Ley Antibarricadas, aprobada en 2020, sanciona actualmente determinadas interrupciones de la circulación cuando estas son completas y se producen mediante violencia, intimidación o instalación de obstáculos.
El nuevo proyecto busca ampliar ese marco penal y abordar situaciones que, según argumenta el Gobierno, han quedado fuera de la aplicación de la normativa actual.
Entre sus fundamentos, el Ejecutivo sostiene que la exigencia de una interrupción “completa” ha derivado en absoluciones en casos donde sí existían obstáculos, mientras que limitar la norma a hechos ocurridos en la “vía pública” habría dificultado su aplicación en infraestructura como la red del Metro de Santiago.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la iniciativa y sostuvo que el objetivo es cerrar esos espacios.
“Cortar el tránsito no es una forma legítima de protesta: es violencia y debe ser delito”, señaló el secretario de Estado al anunciar el ingreso del proyecto.
Arrau agregó que la propuesta busca abarcar situaciones que, a juicio del Ejecutivo, no quedaron comprendidas en la legislación vigente, entre ellas bloqueos de calles y paralizaciones de servicios de transporte.
La ampliación propuesta abre también una discusión respecto de los límites entre las manifestaciones públicas y la protección de la libre circulación, especialmente porque el texto ya no exigiría necesariamente violencia o intimidación para aplicar la sanción.
Ese alcance deberá ser debatido ahora por el Congreso durante la tramitación legislativa. Por el momento, se trata de una propuesta del Ejecutivo y las modificaciones todavía no se encuentran vigentes.
El proyecto forma parte de la agenda de seguridad del Gobierno y se suma a otras iniciativas impulsadas durante los últimos meses para reforzar las herramientas penales y administrativas frente a alteraciones del orden público.
