Foto: Prensa Presidencia.
El Gobierno convirtió este jueves la denominada Operación Cancerbero en una de las principales señales de su agenda de seguridad, con un masivo traslado de internos de alta peligrosidad hacia el Complejo Penitenciario La Laguna, en Talca, y un despliegue que fue monitoreado por el Presidente José Antonio Kast junto a parte de su gabinete y transmitido públicamente por los canales de Presidencia.
La caravana principal que salió desde Santiago trasladó a 191 personas privadas de libertad, entre ellas 37 vinculadas a estructuras de crimen organizado: nueve identificadas como líderes y otras 28 como integrantes de esas organizaciones. A ellas se sumaron 154 internos catalogados como de alto compromiso delictual y especial peligrosidad, según informó Emol.
El movimiento, sin embargo, fue parte de una operación más amplia. De acuerdo con antecedentes entregados por el Ministerio de Justicia y recogidos por el mismo medio, internos provenientes de regiones habían sido trasladados de manera escalonada hacia la capital durante los días previos, con el objetivo de concentrarlos antes de su traslado al Maule. Considerando esas etapas, el operativo cerraría con 687 internos reubicados en La Laguna.
Kast siguió el procedimiento desde una sala de monitoreo en la Delegación Presidencial Regional del Maule acompañado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau; el ministro de Justicia, Fernando Rabat; y el ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado. Posteriormente se trasladó al recinto penitenciario, donde calificó la jornada como un “día histórico” y sostuvo que marcaba el comienzo de un “cambio de mano” en materia carcelaria.
El mandatario vinculó el operativo con la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y planteó que recuperar el control del Estado dentro de las cárceles constituye una pieza necesaria de la estrategia de seguridad. También llamó al Congreso a revisar las herramientas legales disponibles para aplicar regímenes de mayor control y segregación frente al avance de organizaciones criminales.
Un penal para segregar a internos de alta peligrosidad
El Complejo Penitenciario La Laguna fue inaugurado a comienzos de 2025, durante el gobierno de Gabriel Boric, y cuenta con capacidad para 2.320 internos. El establecimiento, ubicado en el sector de Panguilemo, al norte de Talca, dispone de 14 módulos que permiten separar a la población penal de acuerdo con sus características y niveles de peligrosidad, según detalló T13.
Entre su infraestructura se encuentran celdas individuales en sectores de máxima seguridad, locutorios que evitan el contacto físico durante determinadas visitas, más de 1.500 cámaras de vigilancia, detectores de metales, escáneres corporales y sistemas destinados a bloquear comunicaciones celulares.
La estrategia del Ejecutivo apunta a utilizar esas capacidades para mantener una mayor segregación y vigilancia sobre líderes e integrantes de organizaciones criminales, reduciendo sus posibilidades de mantener comunicaciones o dirigir actividades ilícitas desde los recintos penitenciarios.
El hecho de que La Laguna haya sido construido e inaugurado durante la administración anterior también entró en el debate político. Parlamentarios opositores valoraron que el Gobierno de Kast pusiera plenamente en funcionamiento infraestructura desarrollada durante el periodo de Boric y presentaron la medida como un ejemplo de continuidad en políticas de seguridad del Estado.
Respaldo al traslado y críticas a la puesta en escena
El traslado recibió un respaldo relativamente transversal entre parlamentarios, aunque la decisión de transmitir públicamente el procedimiento generó cuestionamientos.
El diputado socialista Raúl Leiva respaldó las medidas de seguridad y segregación aplicadas a internos de alta peligrosidad, pero acusó una “bukelización” del Gobierno debido a la exposición pública del operativo. El diputado independiente Jaime Araya, en tanto, valoró la utilización del nuevo penal y sostuvo que las políticas contra el crimen organizado deben mantenerse entre distintos gobiernos, según declaraciones recogidas por Emol.
Desde sectores oficialistas, en cambio, el despliegue fue interpretado como una señal necesaria. El diputado UDI Eduardo Cretton sostuvo que el procedimiento demostraba un cambio en la estrategia de seguridad, mientras el senador independiente cercano a Republicanos Cristián Vial destacó que el endurecimiento de los regímenes penitenciarios busca enviar una señal a quienes participan en organizaciones criminales.
Las críticas a la forma del operativo también provinieron de exautoridades. El exministro de Seguridad Luis Cordero afirmó que la transmisión respondía a una estrategia comunicacional “muy al estilo Bukele” y advirtió que la difusión de traslados penitenciarios puede generar riesgos de seguridad y problemas respecto de la dignidad de las personas privadas de libertad. Carolina Tohá también cuestionó el carácter público del procedimiento, según consignó Emol.
La comparación con el modelo salvadoreño ha acompañado parte de la agenda penitenciaria del actual Gobierno, aunque La Moneda no ha planteado que Chile vaya a replicar íntegramente el sistema aplicado por Nayib Bukele. Kast visitó El Salvador antes de asumir la Presidencia y solicitó cooperación para conocer experiencias en materia penitenciaria, mientras su administración ha insistido en que cualquier modificación debe ajustarse al marco jurídico chileno.
El operativo también provocó reparos en Talca. Vecinos de Aldea Campesina, sector cercano al penal, se manifestaron durante la visita presidencial para reclamar por compromisos pendientes relacionados con alcantarillado, pavimentación, seguridad y otros servicios. Kast posteriormente se reunió con residentes y comprometió revisar avances en las demandas planteadas, según informó BioBioChile.
El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, también cuestionó que no se hubiera comunicado con suficiente anticipación el nivel de peligrosidad de los internos que llegarían a La Laguna y pidió reforzar las medidas de seguridad en el entorno del complejo, además de avanzar en obras de mitigación que permanecen pendientes.
La Operación Cancerbero dejó así dos dimensiones políticas. Por una parte, un amplio consenso respecto de la necesidad de segregar y controlar con mayor rigurosidad a líderes e integrantes del crimen organizado dentro del sistema penitenciario. Por otra, una discusión sobre hasta qué punto procedimientos de esta naturaleza deben transformarse en actos públicos utilizados por el Ejecutivo para comunicar su política de seguridad.
Para el Gobierno, el traslado representa el inicio de una nueva etapa de control carcelario. Para sus críticos, el desafío será demostrar que ese cambio se traduce en resultados permanentes dentro de los penales y no únicamente en la puesta en escena de una jornada de alto impacto comunicacional.
