Foto: José Miguel Cordero Carvacho / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). Editada por El Carrerino.
En medio de la discusión por ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, el Partido Nacional Libertario (PNL) ha marcado una distinción entre el papel que deberían cumplir los militares y las funciones que corresponden a Carabineros y la Policía de Investigaciones en el control cotidiano del orden público.
El debate recobró fuerza luego de que distintos alcaldes respaldaran una mayor participación militar frente al crimen organizado. Este martes, por ejemplo, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, sostuvo que las Fuerzas Armadas pueden ser utilizadas siempre que existan instrumentos constitucionales que regulen su intervención. Paralelamente, la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del Gobierno contempla un nuevo estado de excepción que podría permitir colaboración militar en operaciones acotadas, inteligencia y otras capacidades específicas.
La posición que han expresado figuras del PNL, sin embargo, no apunta a convertir a los militares en responsables permanentes del patrullaje urbano.
Durante la discusión de las Reglas de Uso de la Fuerza en mayo de 2025, Johannes Kaiser sostuvo ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara que “el rol de las Fuerzas Armadas no era el control del orden público” y planteó que existía una diferencia fundamental entre las labores policiales y militares. También señaló que desvirtuar el carácter de las instituciones castrenses podía debilitarlas en sus funciones esenciales, según consta en su historial legislativo de la Biblioteca del Congreso Nacional.
Una posición similar expresó en junio la diputada del PNL Paulina Muñoz, quien rechazó la solicitud de desplegar contingente militar en las vías públicas de San Bernardo tras la muerte de un menor. La parlamentaria argumentó que las Fuerzas Armadas se encuentran formadas para la guerra y no para desempeñar tareas ordinarias de orden público.
La postura no supone, sin embargo, excluir completamente a los militares de la seguridad interna.
FF.AA. sí, pero para funciones acotadas
El programa presidencial presentado por Kaiser ante el Servicio Electoral contempla expresamente una participación de las Fuerzas Armadas frente a amenazas como el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas y la inmigración irregular.
El documento propone su utilización para apoyar la producción de inteligencia, controlar fronteras y actuar en zonas sometidas a estados de excepción constitucional. También plantea que, ante determinados escenarios, pueda existir un uso “racional”, “contundente” y breve de las capacidades militares en apoyo de las policías.
En materia fronteriza, el programa plantea además equipos interagenciales integrados por policías, militares y otros organismos públicos, apoyados por herramientas de vigilancia como drones, radares y cámaras.
La diferencia, por tanto, está en el tipo de intervención: mientras el PNL contempla un rol militar en situaciones excepcionales o asociadas a la soberanía, las fronteras y amenazas de mayor complejidad, reserva las funciones ordinarias de prevención, investigación y orden público principalmente a las policías.
Esa distinción coincide parcialmente con algunos de los reparos que han surgido desde las propias instituciones castrenses frente al debate actual. De acuerdo con antecedentes publicados por Ex-Ante, los altos mandos han transmitido al Ministerio de Defensa inquietudes relacionadas con la falta de entrenamiento policial, recursos, dotación y claridad jurídica para asumir esas tareas.
Según el mismo medio, entre los planteamientos transmitidos se encuentra que deberían agotarse previamente herramientas policiales y judiciales antes de recurrir a las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado. Ex-Ante también señala que los militares no cuentan actualmente con equipamiento ni formación orientados al control cotidiano de la delincuencia en zonas urbanas.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, ha reconocido una limitación similar. Aunque defiende sumar las distintas capacidades del Estado, señaló que los militares posiblemente no cuentan con las condiciones para controlar directamente el orden público, pero sí pueden colaborar en perímetros, inteligencia, operaciones especiales y otros ámbitos específicos.
Más policías y respaldo a uniformados
La propuesta libertaria para la seguridad urbana se concentra especialmente en aumentar y fortalecer las fuerzas policiales.
El programa de Kaiser proponía incorporar 6.000 nuevos Carabineros y 1.600 detectives durante cuatro años, además de reintegrar personal retirado para enfrentar los déficit de funcionarios. El documento asigna a Carabineros las tareas de prevención, orden y seguridad, y a la PDI la investigación de los delitos.
También plantea una reestructuración de las funciones, potestades y estatutos de Gendarmería y propone desarrollar un sistema integrado de defensa y seguridad pública que permita una mayor coordinación entre las distintas instituciones del Estado.
El respaldo del PNL a los uniformados también se ha manifestado en el ámbito judicial y político. En junio, la colectividad anunció un proyecto de indulto general para uniformados condenados o procesados por actuaciones vinculadas al uso de la fuerza desde el estallido social de octubre de 2019.
Kaiser encabezó públicamente la presentación de la iniciativa y sostuvo que el país mantenía una deuda con quienes participaron en el restablecimiento del orden público. La propuesta fue impulsada en el Congreso por la senadora Vanessa Kaiser y buscaba beneficiar a miembros de Carabineros, las Fuerzas Armadas y la PDI involucrados en procedimientos desarrollados desde el 18 de octubre de 2019.
La combinación de ambas posiciones muestra una diferencia relevante dentro del debate sobre seguridad: el PNL promueve una política de mayor respaldo a las instituciones uniformadas y contempla participación militar en seguridad interna, pero no plantea que el Ejército sustituya de manera permanente a Carabineros en las calles.
Mientras alcaldes y autoridades continúan discutiendo hasta dónde debe extenderse el papel de las Fuerzas Armadas frente al crimen organizado, la línea defendida por dirigentes libertarios establece una separación de funciones: las policías para la seguridad cotidiana y los militares para intervenciones específicas, excepcionales o vinculadas a amenazas que superen las capacidades ordinarias del sistema policial.
