Prensa Presidencia.
El presidente José Antonio Kast anunció durante la cadena nacional de este miércoles que su Gobierno impulsará una reforma constitucional destinada a ampliar hasta 180 días la retención de extranjeros que ya tengan una orden administrativa de expulsión.
La iniciativa fue incluida entre los más de 30 proyectos que conforman la nueva agenda gubernamental contra la delincuencia, la migración irregular, el crimen organizado y el terrorismo. Aunque el anuncio presidencial es un hecho confirmado, su aplicación dependerá de que la reforma sea aprobada por el Congreso.
El proyecto había sido presentado por el Ejecutivo el 8 de junio y actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. El 3 de agosto, el Gobierno le otorgó suma urgencia, según consta en la ficha legislativa de la Cámara.
Actualmente, la legislación permite retener durante un máximo de cinco días a una persona sometida a una orden administrativa de expulsión. La reforma propone que la ley pueda establecer un período inicial de entre cinco y 60 días corridos, renovable en dos oportunidades por otros 60 días. De aprobarse en esos términos, el plazo máximo alcanzaría los 180 días.
Las renovaciones deberán encontrarse justificadas y podrán ser impugnadas judicialmente. La privación de libertad tendría como finalidad exclusiva permitir que el Estado complete los procedimientos necesarios para materializar la expulsión.
El Gobierno argumenta que los cinco días vigentes suelen ser insuficientes para verificar la identidad de una persona, gestionar salvoconductos o pasaportes de emergencia, coordinarse con consulados, resolver recursos judiciales y adquirir los pasajes.
En conversación con 24 Horas, el biministro Claudio Alvarado explicó que la propuesta contempla períodos de 60 días que podrían renovarse hasta dos veces, dependiendo del tiempo requerido para completar la expulsión.
Según reveló Ex-Ante, uno de los referentes considerados por el proyecto son los Centros de Permanencia para la Repatriación de Italia. Estos recintos mantienen bajo detención administrativa a extranjeros cuya expulsión ya fue decretada, pero que no puede ejecutarse inmediatamente por problemas documentales, falta de coordinación con el país de origen o ausencia de vuelos.
El mensaje del Ejecutivo también menciona como referencias los sistemas de España, Alemania y la Unión Europea. En el caso italiano, el período máximo utilizado coincide con los 180 días propuestos para Chile.
La eventual implementación de la reforma requeriría ampliar la capacidad estatal. Ex-Ante informó que Chile posee actualmente un solo centro de retención administrado por la Policía de Investigaciones, con espacio aproximado para 80 personas, mientras el Ministerio de Seguridad trabaja en el diseño de nueva infraestructura.
Similitudes y diferencias con la propuesta de Kaiser
La iniciativa anunciada por Kast presenta semejanzas con una propuesta incluida en el programa presidencial de Johannes Kaiser. Ambas contemplan mantener a personas extranjeras en recintos cerrados mientras se tramita su salida del país.
El programa de gobierno de Kaiser proponía volver a penalizar el ingreso por pasos no habilitados, detener en flagrancia a quienes cruzaran irregularmente la frontera y confinarlos en campamentos durante la tramitación de su expulsión.
La semejanza principal se encuentra en la creación o habilitación de recintos donde los extranjeros permanecerían retenidos hasta que las autoridades puedan concretar su salida. Sin embargo, las propuestas no son idénticas.
El planteamiento de Kaiser estaba dirigido a quienes fueran sorprendidos ingresando irregularmente a Chile y contemplaba volver a considerar esa conducta como delito. La reforma impulsada por el Gobierno de Kast, en cambio, se aplicaría a extranjeros que ya cuentan con una orden administrativa de expulsión y se concentra en ampliar el plazo disponible para ejecutarla.
Kaiser también defendió durante la campaña que las personas retenidas permanecieran en los campamentos hasta abandonar voluntariamente el territorio o ser deportadas. La reforma del Ejecutivo fija un límite máximo de 180 días y contempla renovaciones sujetas a fundamentación y control judicial.
Por ello, es correcto señalar que la iniciativa de Kast se asemeja a la propuesta de campamentos migratorios de Kaiser, pero no existen antecedentes que permitan afirmar que el Gobierno haya copiado o adoptado directamente su programa. El proyecto oficial fue presentado con referencias a distintos modelos internacionales y posee destinatarios y procedimientos jurídicos diferentes.
La ampliación del plazo tampoco se encuentra vigente por el solo hecho de haber sido anunciada en cadena nacional. La reforma deberá ser discutida y votada por la Cámara y posteriormente por el Senado antes de producir efectos legales.
