Foto: Carlos Teixidor Cadenas / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).
Una revisión financiera realizada a la Corporación Municipal de Educación de Talagante, conocida como Talaeduca, detectó compromisos pendientes por más de $3.102 millones y severas restricciones de liquidez, de acuerdo con antecedentes revelados por un reportaje de Informe Especial de TVN.
El levantamiento bancario citado por el programa identificó 23 cuentas corrientes vigentes en BancoEstado y Scotiabank, cuyo saldo conjunto alcanzaba apenas los $48 millones. La situación fue descrita por la Municipalidad de Talagante como un escenario con un importante nivel de obligaciones acumuladas y dificultades inmediatas para disponer de recursos.
Los antecedentes se conocieron luego de que el municipio encargara revisar las finanzas de la corporación, a raíz del presunto fraude informático por $408.016.632 que afectó a Talaeduca durante mayo.
Del presunto fraude a la revisión financiera
Según la versión entregada inicialmente por el entonces jefe de Finanzas de la corporación, Marco Piña Paredes, habría recibido una llamada de personas que se presentaron como ejecutivos de BancoEstado y que consiguieron información de acceso a las cuentas institucionales.
La Municipalidad de Talagante informó en mayo que las transferencias no autorizadas se habrían realizado el día 8 de ese mes hacia distintas cuentas personales. El hecho fue comunicado al entonces secretario ejecutivo de Talaeduca, Francisco Pacheco, el 11 de mayo.
Ese mismo día, el alcalde Sebastián Rosas instruyó presentar una denuncia ante la Policía de Investigaciones y una querella criminal. El municipio también puso los antecedentes a disposición del Ministerio Público y de BancoEstado, con el propósito de determinar responsabilidades y recuperar los recursos involucrados.
Piña fue desvinculado tras el episodio. Posteriormente, el municipio también separó de sus funciones a Francisco Pacheco y ordenó realizar una revisión más amplia de la situación financiera de Talaeduca.
De acuerdo con Informe Especial, la investigación interna detectó compromisos pendientes por un total de $3.102.637.219, asociados principalmente a cotizaciones previsionales, descuentos efectuados a trabajadores, obligaciones laborales, proveedores, factoring, proyectos externos, recursos de la Subvención Escolar Preferencial e incentivos al retiro.
A fines de junio, la Municipalidad de Talagante presentó una segunda querella, esta vez por el presunto delito de administración desleal y contra quienes resulten responsables. La acción judicial no atribuye por sí sola responsabilidad penal a los exdirectivos, lo que deberá ser investigado y eventualmente acreditado ante los tribunales.
Las obligaciones detectadas en Talaeduca
Entre los compromisos descritos en la querella se encuentran $674 millones correspondientes a saldos pendientes de acreditación de recursos SEP y $359 millones asociados a proyectos externos cuyos fondos, según el escrito, deberían encontrarse disponibles.
También se identificaron $336 millones en cotizaciones previsionales pendientes de pago correspondientes a abril de 2026, además de $322 millones vinculados con una gira de estudios realizada durante 2025.
A estas cifras se agregan compromisos con proveedores por más de $263 millones y obligaciones relacionadas con operaciones de factoring por más de $221 millones. La acción judicial menciona además descuentos efectuados a funcionarios que no habrían sido enterados oportunamente a las instituciones correspondientes.
La querella municipal indica que Talaeduca ya arrastraba una deuda estructural cercana a los $1.800 millones cuando asumió la actual administración, en diciembre de 2024. Según los antecedentes citados por TVN, hacia fines de 2025 los directivos de la corporación habían informado que ese monto se habría reducido en aproximadamente $800 millones.
Este antecedente impide atribuir automáticamente los $3.102 millones completos a una sola administración o a personas determinadas. La investigación deberá establecer el origen de cada obligación, cuándo fue adquirida y si existieron delitos o incumplimientos administrativos.
Informe Especial consultó al municipio sobre la situación financiera y sobre la decisión de presentar la querella contra quienes resulten responsables, en lugar de dirigirla contra personas específicas. La casa edilicia declinó responder debido a que la causa se encuentra en investigación.
Las cifras tampoco significan que $3.102 millones hayan sido sustraídos. El monto corresponde a obligaciones y compromisos financieros pendientes detectados durante la revisión, mientras que el presunto fraude informático investigado inicialmente involucra $408 millones.
