Una niña de siete años fue atacada con un arma cortante durante la mañana de este lunes al interior de la Escuela Básica Islas de Chile, ubicada en la comuna de La Granja, en la Región Metropolitana.
La estudiante, que cursa segundo básico, habría pedido autorización para dirigirse al baño mientras participaba en una clase de educación física. En ese lugar fue agredida presuntamente por otra alumna del establecimiento, de 13 años y perteneciente a octavo básico.
Tras el ataque, funcionarios de la escuela auxiliaron a la menor y coordinaron su traslado al Hospital Padre Hurtado, donde permanece estable, fuera de riesgo vital y bajo observación médica. La Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones desarrolla diligencias por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Sur para establecer las circunstancias y motivaciones del hecho.
El subprefecto Robert Briones, jefe de la unidad policial, señaló que los equipos investigativos se levantaron evidencia y reuniendo testimonios dentro del establecimiento. El fiscal Juan Cheuquiante precisó que la agresión ocurrió alrededor de las 10:30 horas y que la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público está prestando apoyo a la familia.
La madre de la niña sostuvo que su hija presentaba nueve heridas profundas y cuestionó la información inicial que habría recibido desde el colegio. Según relató, primero fue convocada debido a un supuesto inconveniente menor y solo posteriormente supo que la estudiante había sido trasladada al centro asistencial.
Mediante un comunicado recogido por Puranoticia, la Escuela Básica Islas de Chile informó que la situación fue contenida de manera inmediata por funcionarios, que se activó el Seguro Escolar y que se aplicaron los protocolos institucionales frente a casos de violencia. El establecimiento aseguró además haber adoptado medidas de protección, resguardo, comunicación y seguimiento conforme a la normativa vigente.
La presunta agresora tiene 13 años. Al ser menor de 14, no se encuentra sujeta a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, aunque la investigación continúa y pueden activarse medidas de protección y actuaciones de los tribunales competentes.
El ataque provocó una reacción del Colegio de Profesoras y Profesores. Su presidente, Mario Aguilar, calificó el episodio como una situación “terrible” y afirmó que evidencia una crisis de salud mental que también se manifiesta dentro de las comunidades educativas.
Aguilar acusó que los establecimientos carecen de suficientes herramientas, condiciones, políticas y planes para abordar preventivamente los problemas de violencia y salud mental. También cuestionó que el gremio no haya sido escuchado por el Ejecutivo ni por el Congreso, pese a las advertencias formuladas durante los últimos años.
El dirigente apuntó especialmente contra un enfoque centrado en aumentar las sanciones. Aunque reconoció que los hechos graves deben tener consecuencias, sostuvo que las medidas punitivas por sí solas no permiten enfrentar las causas que originan este tipo de episodios ni evitar que vuelvan a ocurrir.
En su emplazamiento, Aguilar llamó al Gobierno del presidente José Antonio Kast, al Ministerio de Educación y al Parlamento a impulsar una respuesta integral que incluya prevención, apoyo psicológico y mejores condiciones para los equipos de convivencia escolar.
El caso vuelve a instalar la discusión sobre la capacidad del sistema educacional para detectar tempranamente situaciones de riesgo y responder antes de que deriven en hechos de violencia extrema. Mientras avanza la investigación policial, las autoridades deberán determinar las circunstancias del ataque y las medidas de protección necesarias para ambas estudiantes y para el resto de la comunidad escolar.
