Lo que durante años fue denunciado por organismos internacionales, opositores y defensores de los derechos humanos dejó de ser una sospecha para convertirse en una declaración oficial. Daniel Ortega anunció que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, asegurando que impulsará reformas legales para impedir que la oposición pueda disputar nuevamente el poder.
El anuncio fue realizado durante la conmemoración del 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, una fecha cargada de simbolismo para el régimen. Ortega justificó la medida acusando a sus adversarios de actuar como agentes de intereses extranjeros y de intentar desestabilizar al país. Enfatizando “Pero que se olviden: Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder“. También, anunció que trabajará con la Asamblea Nacional, la que está subordinada a la Presidencia, y con las demás organizaciones correspondientes leyes para que “le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que le den los yanquis no podrán”.
Sin embargo, para analistas y organizaciones internacionales, sus palabras representan la formalización de un proceso de desmantelamiento institucional que venía desarrollándose desde hace años con persecución a dirigentes opositores, periodistas, organizaciones civiles y una férrea oposición a la Iglesia Católica la que ha sufrido una intensa persecución institucional por parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la cual se ha traducido en agresiones, cárcel, destierros a cientos de religiosos, lo que se ha intensificado a partir de las protestas de 2018.
Además, desde su regreso al poder en 2007, Ortega ha concentrado progresivamente el control sobre el Poder Judicial, el Congreso, las fuerzas de seguridad y los organismos electorales y ha entregado poder cada vez más ilimitado a su esposa, Rosario Murillo. Las elecciones de 2021 ya fueron ampliamente cuestionadas por haberse realizado con los principales candidatos presidenciales encarcelados o inhabilitados, mientras decenas de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales fueron clausurados.
La reforma constitucional aprobada en 2025, que convirtió a Rosario Murillo en copresidenta y amplió el mandato presidencial, fue interpretada como un paso decisivo hacia un modelo de poder familiar. Con la eliminación explícita de futuras elecciones, diversos observadores consideran que Nicaragua abandona incluso la apariencia de una democracia electoral para transformarse en un régimen de partido único con escasas posibilidades de alternancia.
El anuncio también reabre el debate sobre la evolución del sandinismo que de la mano del mismo Ortega derrotó en 1979 a Anastasio Somoza quien llevaba en el poder 43 años, dando paso a gobiernos sandinistas y guerras internas en los años 80 y finalmente a casi dos décadas de gobiernos liberales con la elección de Violeta Barrios de Chamorro quien derrotó a Daniel Ortega, el que reconoció el resultado y entregó el poder.
El gobierno de Violeta Barrios de Chamorro tuvo el soporte de fuerza necesario para cumplir su mandato en medio de las turbulencias sociales y económicas y de las pugnas de sus propios adherentes, en un acuerdo con los sandinistas en el que se mantuvo a Humberto Ortega, ex ministro de Defensa Sandinista como Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua.
La situación económico-social empeoró en forma definitiva desde el Gobierno de Arnaldo Alemán, hasta que el 2006 se produjo el triunfo electoral de Daniel Ortega y sus reelecciones sucesivas, que a diferencia del periodo revolucionario de los años 80, pactó con los gremios patronales eternizándose en el poder a un costo incalculable y una represión que avergüenza a quienes lucharon con los sandinistas y Ortega por la libertad de Nicaragua
La decisión del mandatario nicaragüense ha provocado nuevas críticas desde gobiernos democráticos y organizaciones internacionales, que advierten sobre el cierre definitivo de los espacios de participación política y el deterioro de las libertades civiles en el país.
Para Nicaragua, el anuncio representa mucho más que una reforma institucional. Significa el abandono explícito del principio de soberanía popular, base de toda democracia representativa e instaurando un sistema de partido único como el de Cuba o China, con tintes personalistas como Corea del Norte. Cuando los ciudadanos dejan de tener la posibilidad de elegir y remover a sus gobernantes mediante el voto, el poder deja de responder a la voluntad popular y pasa a sostenerse exclusivamente sobre el control del Estado. Ese escenario, advierten diversos analistas, convierte al país centroamericano en uno de los regímenes más cerrados y autoritarios de América Latina.
