Imagen referencial generada con inteligencia artificial para El Carrerino.
Cuando el agua comienza a entrar a las viviendas, los ríos amenazan con desbordarse y cientos de miles de hogares pierden el suministro eléctrico, el costo de un temporal deja de medirse únicamente en milímetros de lluvia. Comienza entonces otra cuenta: cuánto dinero puede movilizar el Estado, desde qué presupuestos saldrá y qué parte del daño pudo haberse evitado mediante obras y decisiones adoptadas antes de la emergencia.
Chile no enfrentó el sistema frontal sin instrumentos económicos ni planificación previa. El Gobierno declaró una emergencia preventiva en diez regiones, movilizó organismos públicos, habilitó albergues, coordinó evacuaciones y activó mecanismos presupuestarios para apoyar a los territorios afectados. Pero la documentación revisada por El Carrerino también muestra que el país no dispone de una única reserva fiscal que se abra automáticamente para financiar cualquier catástrofe. La respuesta se sostiene sobre una combinación de presupuestos regionales, asignaciones sectoriales, transferencias de Hacienda y facultades excepcionales que cumplen funciones distintas.
La diferencia no es solamente técnica. Determina cuánto puede responder una región sin sacrificar otras inversiones, qué ocurre cuando enfrenta más de una emergencia durante el mismo año y cuánto espacio fiscal posee el Gobierno central para complementar los recursos sin profundizar el déficit ni acercar la deuda pública a sus límites prudentes.
El 2% regional: recursos disponibles, pero no dinero nuevo
El instrumento anunciado durante el temporal corresponde a la Glosa 14 de la Ley de Presupuestos de 2026. Esta permite que los gobiernos regionales destinen hasta un 2% de su presupuesto de Inversión Regional a enfrentar emergencias en cualquiera de sus etapas. Su uso debe coordinarse con la Subsecretaría del Interior y con los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres, conocidos como Cogrid. La resolución específica para el actual escenario fue firmada el 10 de julio.
La precisión es importante: no se trata de un fondo nacional repartido desde Santiago ni de una transferencia extraordinaria garantizada para todas las regiones. El dinero proviene del presupuesto de inversión que cada Gobierno Regional ya tenía aprobado. En consecuencia, su utilización durante la emergencia puede obligar a redestinar recursos originalmente destinados a proyectos, programas u otras necesidades territoriales.
Tampoco significa que todas las regiones tengan exactamente la misma capacidad de respuesta. El límite se calcula sobre el presupuesto de cada Gobierno Regional y su disponibilidad real depende de cuánto se haya comprometido o utilizado previamente. La autorización legal establece un techo, pero no garantiza que la totalidad de ese porcentaje permanezca sin ejecutar cuando ocurre una nueva catástrofe.
La Región del Biobío dejó en evidencia esa limitación. Su gobernador, Sergio Giacaman, informó que el 2% destinado a emergencias ya había sido utilizado para responder a los incendios que afectaron al territorio durante el verano. Para enfrentar las consecuencias del sistema frontal, el Gobierno Regional debió coordinar con Hacienda la utilización de recursos alternativos y la transferencia de $1.100 millones hacia las comunas más golpeadas, de acuerdo con lo reportado por Diario Concepción.
El caso permite observar una debilidad concreta del modelo: un territorio puede contar formalmente con un mecanismo para emergencias, pero llegar a una segunda catástrofe con ese margen agotado. El sistema necesita entonces abrir otras puertas presupuestarias, autorizar transferencias o recurrir al nivel central, haciendo que la capacidad de reacción dependa también del momento del año y de los desastres anteriores.
Este 2% regional tampoco debe confundirse con el denominado 2% constitucional. El artículo 32, número 20, de la Constitución permite al Presidente, con la firma de todos sus ministros, decretar pagos no autorizados previamente por ley para responder a necesidades impostergables derivadas de una calamidad pública, entre otras situaciones. El límite anual de esos giros equivale al 2% del gasto autorizado por la Ley de Presupuestos. Hasta el cierre de esta reportería, el mecanismo anunciado para el temporal era la glosa regional y no el uso de esa facultad presidencial extraordinaria.
Una emergencia, varias puertas presupuestarias
El 2% regional es solamente una pieza. La Ley de Presupuestos de 2026 establece que, cuando una emergencia declarada requiera recursos para la rehabilitación, las solicitudes de los servicios públicos deben ser coordinadas por la Subsecretaría del Interior mediante el Comité de Ayudas Tempranas, integrado además por la Subsecretaría de Servicios Sociales y Senapred. El plan de ayuda inmediata debe ser presentado a la Dirección de Presupuestos para aprobar su financiamiento. Biblioteca del Congreso Chile
La misma ley reconoce asignaciones específicas para atender emergencias desde distintos sectores del Estado. Entre ellas se encuentran recursos de la Subsecretaría del Interior, emergencias agrícolas, apoyos del Instituto de Desarrollo Agropecuario, emergencias sanitarias del Servicio Agrícola y Ganadero y programas especiales de Sercotec. Esto significa que los daños a viviendas, caminos, actividad agrícola o pequeños negocios no necesariamente se financian desde una misma partida ni mediante un procedimiento idéntico.
Hacienda también puede autorizar modificaciones y traspasos presupuestarios conforme a las normas dictadas para 2026. Estas herramientas entregan flexibilidad, pero no convierten cada reasignación en recursos gratuitos: aumentar el gasto en una partida puede implicar reducirlo en otra, utilizar mayores ingresos, recurrir a endeudamiento autorizado o revisar la trayectoria fiscal prevista para el año.
Chile posee además un Fondo Nacional de la Reconstrucción, creado para financiar la reposición, rehabilitación o reconstrucción de infraestructura y equipamiento en zonas afectadas por terremotos, inundaciones, aluviones y otras catástrofes. Sin embargo, sus recursos provienen principalmente de donaciones, herencias, legados y cooperación internacional. Por esa razón, no debe presentarse como una caja fiscal líquida preparada para cubrir los gastos de las primeras horas del temporal: su orientación corresponde principalmente a la reconstrucción posterior.
El diseño chileno, por lo tanto, posee múltiples vías para movilizar recursos, pero también es fragmentado. La respuesta inmediata, la rehabilitación, la reconstrucción, las ayudas sociales y la recuperación productiva pueden depender de organismos, procedimientos y tiempos distintos.
¿Tenía Chile espacio económico para enfrentar una nueva emergencia?
Chile conserva acceso al financiamiento y mantiene su deuda por debajo del nivel considerado prudente por la regla fiscal, pero enfrenta un margen más estrecho que en crisis anteriores.
El Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre, publicado por la Dirección de Presupuestos el 14 de julio, proyectó que la deuda bruta del Gobierno Central terminará 2026 en un 42,7% del Producto Interno Bruto. El Ejecutivo mantuvo como ancla un máximo prudente de 45% y fijó una trayectoria para reducir el déficit estructural desde 2,6% del PIB en 2026 hasta 1,5% en 2030. Bajo el escenario de gasto compatible con esas metas, la deuda llegaría a 44,1% del PIB al final de la década.
Es decir, el Estado mantiene capacidad para responder, pero cada gasto adicional debe convivir con un proceso de ajuste fiscal. No existe un espacio ilimitado: las ayudas y obras extraordinarias deben financiarse mediante reasignaciones, mayores ingresos, fondos disponibles o deuda, sin abandonar una trayectoria que ya exige contención.
El Consejo Fiscal Autónomo había advertido en junio que, sin medidas correctivas permanentes, la deuda podía superar el umbral prudente entre 2027 y 2030. El organismo calificó el escenario como un desafío fiscal estructural y señaló que las presiones de gasto eran superiores a los recortes implementados hasta entonces. Esa evaluación se realizó antes del Informe de Finanzas Públicas de julio, que incorporó nuevas metas y un esfuerzo adicional de convergencia, pero permite comprender por qué una emergencia de gran escala encuentra al Fisco con menos holgura que en otros períodos.
Esto significa que el costo deberá distribuirse entre presupuestos existentes, transferencias, modificaciones y eventuales recursos extraordinarios, mientras Hacienda intenta evitar que la respuesta inmediata termine transformándose en un nuevo deterioro permanente de las cuentas públicas.
Hubo prevención, pero la infraestructura no resiste igual en todos los territorios
En el plano operativo, existe evidencia de medidas tomadas antes de la fase más intensa. El 13 de julio, el Gobierno declaró una emergencia preventiva desde Atacama hasta Los Ríos, con vigencia hasta el 21 del mismo mes. Posteriormente se reforzó el monitoreo de ríos, esteros y sectores vulnerables, se habilitaron albergues, se suspendieron clases y se realizaron evacuaciones preventivas, entre ellas la del campamento Ribera del Río Mapocho en Talagante.
El Ministerio de Obras Públicas también informó un despliegue previo cercano a los US$468 millones en obras asociadas a puntos de riesgo, junto con más de dos mil funcionarios, 1.300 máquinas, 150 empresas contratistas y puentes mecanos disponibles para responder a interrupciones de conectividad. Estas cifras corresponden al balance entregado por la propia cartera durante las inspecciones previas al temporal.
Entre las intervenciones se encuentra la primera etapa del Canal Santa Marta, en Maipú, cuya capacidad aumentó de 14 a 18 metros cúbicos por segundo tras el entubamiento de su tramo más crítico. El MOP cifró el incremento en cerca de 29%. También inspeccionó la limpieza de la Quebrada de Ramón y reportó un 95% de avance en las obras del colector Santa Corina, infraestructura que había presentado problemas durante un sistema frontal de 2024.
La Hoja de Ruta para la Resiliencia de la Infraestructura en Chile, elaborada mediante un proceso encabezado por Senapred y organismos de Naciones Unidas, ya había identificado brechas de gobernanza, coordinación y vulnerabilidad en servicios críticos. La Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres estimó que las pérdidas anuales esperadas en infraestructura chilena por desastres rondan los US$5.400 millones.
El mismo análisis advirtió que la concentración de población e infraestructura crítica aumenta la exposición de la zona central, mientras los territorios más alejados suelen disponer de menores recursos y capacidades para resistir y recuperarse. La preparación nacional, por lo tanto, puede coexistir con importantes diferencias regionales y comunales.
Desde el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, la investigadora Anahí Urquiza planteó, tras las inundaciones registradas en Santiago a comienzos de 2026, que los drenajes urbanos dependen tanto de su diseño como de su mantención. También advirtió que las comunas con mayores recursos y equipos técnicos pueden sostener políticas de prevención, mientras aquellas con menor autonomía fiscal tienden a quedar atrapadas en una respuesta permanente a la emergencia.
Durante este primer ciclo de temporal algunas obras soportaron el evento y permitieron reducir riesgos; en otros sectores, colectores, tendidos eléctricos, caminos y defensas quedaron superados. Determinar si cada daño fue provocado por una precipitación excepcional, por una obra insuficiente, por falta de mantenimiento o por decisiones urbanas anteriores requerirá investigaciones técnicas específicas. El número de viviendas anegadas o clientes sin electricidad no permite, por sí solo, asignar responsabilidades.
La documentación revisada sí permite una conclusión más acotada: Chile estaba institucionalmente mejor preparado para anticipar y coordinar la emergencia que para garantizar que todos sus territorios enfrentaran el temporal con la misma infraestructura y capacidad financiera.
El Estado cuenta con mecanismos para mover dinero después del daño, pero parte de esos recursos sale de presupuestos que ya tenían otros destinos. Puede activar ayudas y reasignaciones, pero lo hace en un escenario fiscal estrecho. Ejecutó obras y medidas preventivas, aunque persisten zonas expuestas, redes frágiles y gobiernos subnacionales con márgenes desiguales.
La verdadera cuenta del temporal no estará completa cuando termine de llover. Recién entonces comenzará a conocerse cuánto costará rehabilitar caminos, viviendas, redes eléctricas y actividad productiva; qué inversiones deberán postergarse para financiar la respuesta; y si el próximo presupuesto destinará más recursos a evitar los daños o volverá a concentrarlos en pagarlos una vez ocurridos.
