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La bancada del Partido Nacional Libertario (PNL) afirmó haber reunido 65 firmas para impulsar una comisión investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados por un presunto “impuesto encubierto” asociado al sistema de autopistas concesionadas y TAG.
De acuerdo con lo informado por VLN Radio, la solicitud apunta a revisar la renovación de contratos de concesiones viales, los cobros aplicados a usuarios y los eventuales ingresos fiscales relacionados con el modelo de autopistas urbanas e interurbanas.
El tema también fue abordado en un punto de prensa difundido por PNL Magallanes, donde participaron el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y el diputado Pier Karlezi. En el registro, los parlamentarios plantean la necesidad de investigar el diseño de los contratos y el rol del Estado en la continuidad del sistema de concesiones.
Una comisión para revisar contratos y cobros
La ofensiva parlamentaria busca instalar una comisión investigadora que recopile antecedentes sobre las concesiones de autopistas, especialmente en lo relativo a las renovaciones contractuales y al funcionamiento del sistema de cobros.
El punto central de la denuncia política es la tesis de que ciertos pagos vinculados a autopistas y TAG podrían operar, según sus impulsores, como una carga adicional para los usuarios sin una discusión tributaria explícita. Esa afirmación, sin embargo, deberá ser revisada a partir de documentos, contratos, antecedentes administrativos y eventuales comparecencias de autoridades ante la comisión.
En Chile, las comisiones investigadoras son una herramienta de fiscalización de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pueden constituirse a petición de al menos dos quintos de los diputados en ejercicio y tienen por objeto reunir información sobre actos del Gobierno. Además, pueden solicitar antecedentes y citar autoridades o funcionarios relacionados con la materia investigada.
PNL apunta al rol del Estado en las concesiones
Desde el PNL han planteado que la investigación debe revisar no solo los cobros a los usuarios, sino también la forma en que el Estado ha administrado la relación con las concesionarias de autopistas. La bancada busca indagar si las renovaciones de contratos y las condiciones económicas del sistema han generado beneficios fiscales o privados que no han sido suficientemente transparentados ante la ciudadanía.
La discusión se suma a un debate más amplio sobre el costo del transporte vial, el funcionamiento del TAG, los peajes urbanos y la extensión de contratos de infraestructura pública bajo el modelo de concesiones.
Por ahora, la solicitud corresponde a una ofensiva parlamentaria en etapa inicial. La comisión, de concretarse formalmente, deberá definir su alcance, solicitar antecedentes y establecer qué autoridades o entidades serán citadas para entregar información sobre los contratos y cobros cuestionados.
