Imagen generada con Inteligencia Artificial. El Carrerino 2026.
Nuevos antecedentes sobre el Instituto Nacional Barros Arana, INBA, fueron difundidos en redes sociales tras la exposición de Andrea Bravo Valenzuela, directora del Liceo San Martín, ante una comisión investigadora de la Cámara de Diputados.
Según publicaciones de Desarrollemos Chile y Hans Marowski, Bravo presentó documentos relacionados con compras, donaciones y recepción de overoles blancos, además de otros materiales que, de acuerdo con su testimonio, habrían sido almacenados en dependencias del establecimiento durante la administración de la exalcaldesa Irací Hassler.
La denuncia apunta a una nueva arista dentro de la discusión por la violencia escolar en el INBA, luego de diversos episodios que han marcado el debate público sobre seguridad, protocolos internos y responsabilidades institucionales en establecimientos educacionales.
De acuerdo con lo difundido por Desarrollemos Chile, entre los antecedentes exhibidos figurarían facturas, boletas, certificados de donación y documentos de recepción que acreditarían la compra o donación de overoles blancos, además de otros materiales. Sin embargo, hasta ahora, la información disponible públicamente proviene de publicaciones en redes sociales y del testimonio atribuido a Bravo ante la comisión.
Denuncias sobre protocolos y seguridad escolar
Las publicaciones también recogen dichos de Andrea Bravo sobre situaciones más graves ocurridas al interior del establecimiento. Según el relato difundido por Desarrollemos Chile, la directora afirmó que profesores y funcionarios habrían normalizado que grupos de estudiantes desaparecieran durante horas de la jornada escolar sin activar protocolos ni realizar denuncias.
Bravo también habría relatado el caso de un grupo de alumnos que intentó apuñalar a un apoderado que denunciaba hechos de violencia en el INBA. Según lo publicado por Desarrollemos Chile, la dirección del establecimiento se habría negado a entregar a Carabineros la identidad de los responsables, impidiendo su identificación.
En tanto, Hans Marowski difundió parte del testimonio atribuido a Bravo, señalando que la exposición ante la comisión incluyó antecedentes sobre una presunta cultura de violencia instalada en el INBA y documentación vinculada a compras o donaciones de insumos.
Estas afirmaciones deberán ser revisadas en el marco de la comisión investigadora y contrastadas con los documentos presentados, las respuestas de las autoridades involucradas y los antecedentes oficiales que pueda reunir la Cámara de Diputados.
El caso vuelve a instalar el debate sobre la violencia en liceos emblemáticos, el uso de recursos públicos o donaciones en establecimientos educacionales y el rol de las autoridades frente a hechos que afectan la convivencia escolar.
El punto central será determinar si los antecedentes expuestos permiten establecer responsabilidades administrativas o políticas, o si se trata de denuncias que requieren nuevas verificaciones antes de avanzar hacia conclusiones.
