Foto: Rodrigo Sáenz / Comunicaciones MOP
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró la propuesta de una eventual “Ley Alejandro”, iniciativa planteada por la familia del niño de 12 años que murió tras una fatal encerrona ocurrida en San Bernardo.
Según informó La Tercera, la familia busca impulsar cambios legales para establecer condenas efectivas y sin beneficios para quienes participen en encerronas, delitos cometidos en grupo u otros hechos de violencia, independiente de la edad de los involucrados.
La propuesta surge luego del crimen que conmocionó al país y que reabrió el debate sobre la participación de adolescentes en delitos violentos. En ese contexto, Arrau señaló que nuevas iniciativas que permitan discutir cambios a la normativa vigente son positivas.
El debate por la responsabilidad penal adolescente
Tras ser consultado por la propuesta, el ministro sostuvo que el actual sistema requiere modificaciones. De acuerdo con Cooperativa, Arrau afirmó que “el sistema hoy no está dando buena respuesta” frente a delitos graves cometidos por menores de edad.
El secretario de Estado agregó que se deben revisar aspectos como la edad de responsabilidad penal, la forma en que se cumplen las sanciones y la reincidencia. En la misma línea, Emol consignó que el ministro aseguró que el gobierno apoyará iniciativas que apunten a abrir esa discusión.
Actualmente, la Ley 20.084 regula la responsabilidad penal adolescente en Chile. Según la Biblioteca del Congreso Nacional, esta normativa se aplica a quienes, al momento de cometer un delito, sean mayores de 14 y menores de 18 años. La Fiscalía de Chile también define este régimen como el marco aplicable a delitos cometidos por personas dentro de ese tramo etario.
Una propuesta aún en discusión
Aunque la llamada “Ley Alejandro” todavía no corresponde a un proyecto aprobado, ni a una reforma con articulado definitivo, la idea ya instaló una discusión política sobre el tratamiento penal de adolescentes involucrados en delitos graves.
De acuerdo con El Dínamo, Arrau sostuvo que el gobierno respaldará iniciativas que vayan en la línea de modificar la responsabilidad penal adolescente, tras el llamado realizado por la familia del niño fallecido.
El caso también ha generado presión sobre el sistema de persecución penal y reinserción juvenil. En una entrevista con El País, el fiscal Leonardo Tapia afirmó que el hecho “no fue un accidente” y advirtió sobre el aumento de delitos violentos cometidos por grupos que incluyen adolescentes.
La discusión legislativa se mantiene abierta y podría derivar en nuevas propuestas en el Congreso. Por ahora, el debate se concentra en cómo endurecer la respuesta penal frente a delitos graves, sin dejar de lado el marco especializado que actualmente rige para adolescentes infractores de ley.
