Foto: Marcellablues / Wikimedia Commons (CC BY-SA)
Los parlamentarios Sebastián Zamora, Javiera Rodríguez, Valentina Becerra, Enrique Bassaletti y Benjamín Moreno confirmaron su apoyo a la propuesta, argumentando que existen funcionarios privados de libertad por haber actuado bajo órdenes del Estado durante la crisis iniciada el 18 de octubre de 2019.
La iniciativa fue anunciada por el Partido Nacional Libertario, luego de que su presidente, Johannes Kaiser, planteara avanzar en un indulto general para miembros de Carabineros, Fuerzas Armadas y la PDI que hayan sido condenados o se encuentren procesados por causas vinculadas al uso de la fuerza durante el estallido social.
De acuerdo con Radio Pauta, la senadora Vanessa Kaiser se encuentra reuniendo firmas para presentar el proyecto, que apunta a abrir una vía legislativa distinta al indulto particular, facultad que corresponde al Presidente de la República.
El respaldo republicano
Desde Republicanos defendieron la iniciativa y cuestionaron que funcionarios policiales o militares se mantengan cumpliendo penas por actuaciones realizadas durante el periodo de crisis social y orden publico.
“Yo usé el uniforme y sé lo que es pararse frente a una turba que quiere quemarlo todo. Por eso me indigna ver a un funcionario preso por haber hecho exactamente lo que el Estado le ordenó”, señaló el diputado Sebastián Zamora, según consignó El Dínamo.
En la misma línea, el diputado Enrique Bassaletti, general en retiro de Carabineros, sostuvo que el proyecto busca respaldar a quienes, a su juicio, actuaron para proteger al país durante el estallido. En tanto, la diputada Javiera Rodríguez recalcó que el indulto particular es una facultad presidencial, pero que el indulto general corresponde al Congreso, según publicó La Tercera.
Debate por condenas del 18-O
La discusión volvió a instalarse tras el caso del capitán en retiro de Carabineros Pablo Carvajal, condenado a siete años de presidio por apremios ilegítimos contra Brandon González, quien perdió la visión de un ojo durante las manifestaciones de 2019.
El planteamiento del PNL y el respaldo republicano reabren uno de los debates más sensibles derivados del estallido social: por un lado, la oposición acusa una persecución judicial contra uniformados que actuaron en medio de hechos de violencia; por otro, organizaciones de derechos humanos y sectores de izquierda han advertido que las condenas responden a delitos acreditados por tribunales.
En Chile, el indulto general debe tramitarse mediante una ley, a diferencia del indulto particular, que es una atribución del Presidente de la República. De acuerdo con antecedentes de la Biblioteca del Congreso Nacional, este tipo de iniciativa tiene origen legislativo y requiere cumplir con los quórums establecidos para su aprobación.
