Imagen referencial de edificios en Santiago. Foto: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
El Gobierno comenzó a mover una de sus apuestas económicas más visibles en materia de gestión fiscal: la venta de inmuebles fiscales considerados prescindibles. Según informó Diario Financiero, el primer grupo contempla 350 propiedades que serían licitadas hacia fines de 2026.
La medida forma parte de un plan más amplio anunciado por el Ministerio de Hacienda, que busca revisar el portafolio de activos del Estado y enajenar bienes raíces que no sean indispensables para el funcionamiento de los organismos públicos. En abril, Diario Financiero reportó que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había planteado ante la Comisión de Hacienda del Senado la intención de vender inmuebles mal utilizados o abandonados, con el objetivo de allegar recursos a los fondos soberanos.
En esa oportunidad, el Ejecutivo estimó que la operación podría recaudar entre US$200 millones y US$300 millones, recursos que serían destinados a fortalecer el Fondo de Estabilización Económica y Social, conocido como FEES, y eventualmente otros instrumentos fiscales.
Un plan para convertir activos en recursos líquidos
La estrategia fue formalizada en abril mediante un oficio del Ministerio de Hacienda a ministerios y subsecretarías. Según informó Ex-Ante, la instrucción ordenó elaborar un “Plan de Venta de Activos Institucionales”, aplicable a los organismos que tengan inmuebles propios o bajo su administración.
El documento pidió identificar activos prescindibles y no prescindibles. En el primer grupo entrarían aquellos bienes que no son esenciales para la continuidad operativa ni para el cumplimiento de funciones institucionales. En el segundo, los organismos deberán justificar por qué mantienen ciertos inmuebles, explicando su uso, condiciones y aporte a sus objetivos.
El oficio también exige levantar información concreta de cada propiedad: tipo de inmueble, ubicación, rol de avalúo fiscal, superficie, uso actual, estado de ocupación y factibilidad de venta. Con ese catastro, el Gobierno busca ordenar cuáles bienes pueden ser enajenados en el corto plazo.
El Ministerio de Bienes Nacionales ya cuenta con mecanismos para transferir inmuebles fiscales. Según explica el propio Ministerio de Bienes Nacionales, la venta directa permite traspasar a título oneroso un bien fiscal que no sea imprescindible para los fines del Estado. También existe la venta por propuesta pública, modalidad en que el adjudicatario se define mediante licitación, de acuerdo con bases previamente aprobadas por la autoridad, según detalla la misma cartera en su sitio oficial.
La escala del patrimonio fiscal vuelve relevante el debate. De acuerdo con el Ministerio de Bienes Nacionales, cerca del 53,69% del territorio continental de Chile es de dominio fiscal, aunque gran parte corresponde a áreas protegidas, territorios de difícil acceso o reservas territoriales, por lo que no todo ese suelo es susceptible de venta.
Recaudación, eficiencia y críticas al alcance fiscal
El argumento del Gobierno apunta a eficiencia fiscal: vender activos que no cumplen una función pública clara para convertirlos en recursos líquidos y reforzar las arcas fiscales. Sin embargo, el impacto real de la medida también ha sido cuestionado.
Según CIPER, economistas consultados advirtieron que la venta de inmuebles puede aportar recursos, pero no resolvería por sí sola la brecha fiscal estructural. El medio recordó que el Ejecutivo ha estimado una recaudación de entre US$200 millones y US$300 millones, una cifra relevante, aunque acotada frente a las necesidades permanentes del Estado.
El mismo reporte planteó que la clave estará en que el proceso sea público, competitivo y transparente, especialmente si involucra inmuebles provenientes de herencias vacantes o propiedades sin uso en manos de ministerios.
La discusión no es menor. La venta de patrimonio público puede ser vista como una medida de ordenamiento y eficiencia, pero también exige resguardos para evitar operaciones poco competitivas, subvaloración de activos o pérdida de terrenos que eventualmente podrían tener uso social, urbano o estratégico.
En ese punto, el diseño de las licitaciones será central. Si el primer paquete de 350 propiedades se concreta hacia fines de 2026, el Gobierno deberá mostrar no solo cuánto espera recaudar, sino también bajo qué criterios se definió que esos inmuebles eran prescindibles y qué garantías tendrá el proceso para asegurar transparencia.
