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La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una resolución que solicita al Presidente de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores realizar gestiones diplomáticas ante Francia para intentar revocar la condición de refugiado de Ricardo Palma Salamanca y posibilitar su extradición a Chile.
Según el registro oficial de la Cámara de Diputadas y Diputados, la resolución fue aprobada el 16 de junio de 2026 con 106 votos a favor, 16 en contra y 16 abstenciones.
El texto aprobado pide que el Ejecutivo, en conjunto con Cancillería, genere “instancias de diálogo con las autoridades francesas” para revisar el estatus de refugiado de Palma Salamanca, con el objetivo de que pueda ser extraditado y cumpla en Chile su condena por el asesinato del senador Jaime Guzmán.
Ricardo Palma Salamanca fue integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR, y fue condenado por la justicia chilena como autor del asesinato del senador UDI Jaime Guzmán, ocurrido en 1991. También registra condena por el secuestro de Cristián Edwards, según consignó El País al reportar el rechazo de la justicia francesa a su extradición en 2019.
Una resolución política hacia Francia
La iniciativa no implica por sí sola la extradición de Palma Salamanca, ya que se trata de una resolución parlamentaria que solicita al Gobierno iniciar o reforzar gestiones diplomáticas. La decisión final dependería de las autoridades francesas y del marco jurídico internacional aplicable al caso.
Palma Salamanca vive en Francia, país donde obtuvo la condición de refugiado político a través de la Oficina Francesa de Protección de los Refugiados y Apátridas, OFPRA. En 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile expresó su desacuerdo con esa decisión y sostuvo que en Chile existían garantías para el cumplimiento de la condena en un Estado de Derecho, según consta en un comunicado de Cancillería.
En 2019, la justicia francesa rechazó la extradición solicitada por Chile. De acuerdo con El País, el tribunal de apelaciones de París denegó la entrega del exfrentista, lo que mantuvo bloqueada la posibilidad de que cumpliera su condena en territorio chileno.
La nueva resolución busca reactivar ese debate mediante una vía diplomática, aunque sin efectos judiciales inmediatos.
División en el Frente Amplio
La votación también generó atención política por las diferencias que produjo al interior del Frente Amplio.
Según informó The Clinic, la resolución fue impulsada por la UDI y terminó mostrando posturas distintas dentro de la bancada frenteamplista. Algunos parlamentarios aprobaron la solicitud, otros la rechazaron y otros optaron por abstenerse.
El mismo medio reportó que Tatiana Urrutia, Lorena Fríes, Belén Cáceres e Ignacio Achurra votaron a favor de la resolución. En tanto, Gonzalo Winter, Matías Fernández, Roberto Celedón, Emilia Schneider, Gael Yeomans y Constanza Schönhaut se abstuvieron, mientras que Jaime Bassa, Félix Bugueño, Jorge Brito, Ericka Ñanco y Consuelo Veloso votaron en contra.
La votación reabrió además el recuerdo de la visita que Gabriel Boric y Maite Orsini realizaron a Palma Salamanca en Francia en 2018, cuando ambos eran diputados. De acuerdo con La Tercera, el encuentro ocurrió en septiembre de ese año, durante una escala en Francia tras un viaje oficial a Palestina.
La reunión generó cuestionamientos políticos y llevó el caso hasta la Comisión de Ética de la Cámara. Sin embargo, en enero de 2019 la instancia resolvió no sancionar a Boric y Orsini, según informó BioBioChile.
Un caso que sigue abierto en la discusión pública
El caso Palma Salamanca se mantiene como uno de los episodios más sensibles de la transición chilena. Para la UDI y sectores de derecha, su permanencia en Francia representa una deuda de justicia por el asesinato de Jaime Guzmán. Para otros sectores, la discusión se cruza con el debate sobre las condiciones judiciales de la época y la decisión adoptada por organismos franceses.
La resolución aprobada por la Cámara no modifica de inmediato la situación judicial del exfrentista, pero vuelve a instalar el tema en la agenda política y presiona al Ejecutivo para evaluar gestiones ante Francia.
