El debate contemporáneo sobre la crisis de convivencia escolar en Chile ha tomado un desvío radical hacia la ventanilla de la Tesorería General, impulsado por las propuestas de reforma punitiva asociadas al sector político de José Antonio Kast. La conceptualización de un régimen de responsabilidad parental estricta busca trasladar el foco de la sanción desde el perímetro del aula hacia el patrimonio y la responsabilidad jurídica de los tutores legales (Padres y Apoderados). Como estrategia de liderazgo y gestión del orden público, este paradigma descansa sobre una premisa de causalidad lineal: el debilitamiento de la autoridad pedagógica tradicional sería el reflejo directo de una anomia o desarticulación de los deberes formativos en el núcleo familiar. Al introducir mecanismos de coacción financiera sobre las familias, el modelo pretende rediseñar de manera coercitiva el tejido de responsabilidades del sistema educativo chileno, transformando el tradicional libro de disciplina escolar en un registro de pasivos financieros de cobranza inmediata (Gómez, 2022, p. 41).
Limitando los ya olvidados valores occidentales donde se asienta la cultura que nos rige o nos regía hasta nuestros días, donde ha decaído la autoridad, el poder y la religión, no queda otra opción que atacar la billetera del ciudadano, para corregir problemas de base moral y ética, tal célebremente detectados por Don Héctor Herrara Cajas, en su magistral “El Sentido de la Crisis de Occidente”. Este enfoque parte de un supuesto ideológico claro: que la restitución del orden y el principio de autoridad pasa necesariamente por la penalización económica y civil del entorno doméstico. Al conceptualizar la transgresión conductual del menor como una falta imputable directamente a la negligencia contractual de sus tutores, se pretende forzar un retorno a las pautas de crianza tradicionales y jerárquicas del Chile de mediados del siglo XX. Sin embargo, la complejidad interna del ecosistema escolar actual no responde de manera simple a estímulos coercitivos de naturaleza comercial o civil. La literatura sobre gobernanza del sistema educativo advierte que este tipo de medidas ignora las profundas transformaciones culturales y de estructura familiar que experimenta la sociedad civil chilena, donde los liderazgos impositivos han perdido eficacia frente a demandas transversales de reconocimiento y validación identitaria escolar.
Desde un prisma psicoclínico, la idea tiene el encanto de una comedia de enredaderas presupuestarias. Se asume que el menor infractor, antes de activar una alarma de incendios, lanzar un objeto contundente o destruir el mobiliario del aula, realizará un análisis de costo-beneficio macroeconómico sobre el patrimonio de su progenitor. La literatura sociológica seria advierte, sin embargo, que la violencia en las escuelas es un síntoma multidimensional y emergente de las dinámicas de exclusión, segregación urbana y vulnerabilidad estructural que el propio modelo educativo chileno reproduce de forma sistemática (Bellei, 2018, p. 202). Los episodios de agresión sistémica están condicionados por determinantes del entorno social, la exposición a la violencia barrial y el trauma relacional complejo que desbordan por completo las capacidades de control inmediato del núcleo familiar regulado por mero decreto.
Tratar de pacificar los colegios mediante la coacción financiera a familias que ya viven bajo una severa precariedad produce un fenómeno clínico predecible: un alza exponencial del estrés intradomiciliario. En lugar de fortalecer la alianza colaborativa entre la familia y la escuela, indispensable para la retención y el éxito académico, se introduce una cuña de desconfianza sistémica. El hogar, llamado a operar como un entorno seguro y un contenedor de las angustias del menor, pasa a convertirse en una sucursal de mediación jurídica donde el soporte afectivo es sustituido por una tensa disputa legal interna (Jadue, 2003, p. 115). La ansiedad de los padres ante la posibilidad de un embargo o una sanción judicial deteriora drásticamente el clima relacional interno, mermando las competencias parentales positivas y la disponibilidad emocional para el acompañamiento formativo diario.
La propuesta adolece, en última instancia, de una rigidez curricular y administrativa asombrosa. Al asumir una homogeneidad funcional en los hogares chilenos que la realidad sociodemográfica contradice abiertamente, la política fracasa en su fase de diseño. Las jefaturas de hogar monoparentales femeninas, las extensas jornadas laborales impuestas por el mercado urbano y la falta de redes de apoyo comunitario real son variables que el modelo punitivo tilda de meras excusas disciplinarias. Al transformar una crisis profunda de mediación pedagógica, de salud mental escolar postpandemia y de falta de competencias técnico-clínicas en las escuelas, en un vulgar pleito de cobranza civil, se deja al sistema exactamente donde empezó: con el aula en una profunda crisis estructural, pero ahora con los apoderados en el boletín comercial y las familias penalizadas por la vulnerabilidad de su propio entorno.
Referencias Bibliográficas
Bellei, C. (2018). Nueva Educación Pública: Contexto, contenidos y desafíos de la reforma de la educación pública en Chile. Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE), Universidad de Chile.
Gómez, F. G. (2022). Educación cívica, adoctrinamiento y libertad de pensamiento. Actualidad Jurídica, (46), 33-52.
Jadue, G. (2003). Transformaciones familiares en Chile: Riesgo creciente para el desarrollo emocional, psicosocial y la educación de los hijos. Estudios Pedagógicos (Valdivia), (29), 115-126.
