Prensa presidencial.
El Presidente José Antonio Kast firmó este jueves un proyecto de ley que busca instalar una nueva discusión en materia de seguridad, familia y justicia: la responsabilidad de padres, madres y cuidadores frente a las conductas de niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa, presentada en la Municipalidad de Independencia junto al ministro de Justicia, Fernando Rabat, apunta a reforzar el rol de los adultos responsables en la formación, orientación y supervisión de menores de 18 años. Pero también busca establecer consecuencias cuando exista un incumplimiento grave y persistente de esos deberes.
El proyecto contempla mecanismos para exigir de manera más efectiva el cumplimiento del deber de cuidado, junto con herramientas para prevenir situaciones que puedan afectar el desarrollo de niños y jóvenes. Entre las medidas se incluyen programas de fortalecimiento de habilidades parentales, procesos de revinculación familiar, apoyo psicológico y psiquiátrico.
El Gobierno ha presentado la propuesta como una respuesta a la preocupación por hechos de violencia, conductas de riesgo e ilícitos protagonizados por menores de edad. La idea, según el Ejecutivo, es actuar antes de que los conflictos escalen y entregar más facultades a los tribunales de familia para intervenir de manera temprana.
La iniciativa considera multas, pérdida de derechos sucesorios, suspensión o pérdida de patria potestad y pérdida del derecho a solicitar alimentos en casos de incumplimiento grave de los deberes parentales. También busca crear un procedimiento especial y más expedito en tribunales de familia para responder ante situaciones de riesgo.
Durante la actividad, Kast defendió el enfoque del proyecto y sostuvo que la medida no busca reemplazar a la familia por el Estado, sino entregar herramientas para recuperar vínculos y reforzar responsabilidades. “Poner límites es de sentido común”, planteó el Mandatario, según consignó ADN Radio.
El Presidente también vinculó la discusión con los episodios de violencia escolar y manifestaciones protagonizadas por menores de edad. En esa línea, afirmó que si un adolescente es detenido por destruir bienes públicos, los padres o apoderados también deben asumir una responsabilidad, al menos respecto de la supervisión y el cuidado.
Para el Gobierno, se trata de fortalecer el rol de las familias y prevenir que niños y adolescentes lleguen a situaciones de violencia o delito sin una respuesta temprana. Para sus críticos, en cambio, el debate probablemente pasará por los límites de la sanción: cómo distinguir entre abandono grave, falta de herramientas familiares, vulnerabilidad social y conductas individuales de los menores.
Ahora, la discusión pasará al Congreso, donde el Ejecutivo ya anticipa que el proyecto puede generar debate.
