Imagen generada con Inteligencia Artificial. El Carrerino 2026.
La investigación por la pérdida de más de $408 millones desde las cuentas de la Corporación Municipal de Educación de Talagante sumó un nuevo antecedente que volvió a tensionar el caso.
Un reportaje de Informe Especial de 24 Horas reveló que Marco Piña Paredes, exdirector de Administración y Finanzas de la corporación, había sido condenado en 2016 por defraudación fiscal en una causa vinculada a su paso por la Municipalidad de Zapallar. El antecedente abrió nuevas preguntas sobre los controles aplicados antes de su contratación en Talagante y sobre la forma en que se resguardaban los fondos destinados a la educación pública comunal.
El caso se originó tras la denuncia de transferencias no autorizadas desde cuentas de la corporación. Según consignó 24 Horas, la versión entregada por Piña y por el municipio apuntaba a que delincuentes habrían obtenido información de acceso a las cuentas, lo que permitió transferencias por $408.016.632 hacia distintas cuentas personales. El hecho habría sido informado al alcalde Sebastián Rosas el lunes 11 de mayo y luego entregado a Fiscalía.
El Carrerino ya había informado semanas atrás que una de las líneas investigativas buscaba determinar si funcionarios entregaron claves o accesos en el marco del fraude que afectó a la educación municipal de Talagante. Con el nuevo antecedente publicado por 24 Horas, el caso adquiere una dimensión adicional: no solo se investiga cómo salieron los recursos, sino también cómo una persona con un historial judicial previo llegó a ocupar un cargo financiero clave.
El relato del “cuento del tío” bajo sospecha
La explicación inicial del caso ha sido cuestionada por integrantes del Concejo Municipal. En una sesión extraordinaria realizada el 13 de mayo, el concejal Fernando González criticó la posibilidad de que un director de finanzas hubiese entregado contraseñas y dispositivos de seguridad tras un llamado telefónico, según recogió 24 Horas.
El propio alcalde Rosas reconoció en esa instancia que el exdirector de Administración y Finanzas fue sindicado como uno de los principales sospechosos, señalando que los antecedentes fueron puestos a disposición de la Policía de Investigaciones.
Hasta ahora, el caso continúa bajo investigación del Ministerio Público, por lo que no existen responsabilidades penales establecidas en esta causa. Sin embargo, la magnitud del perjuicio y el rol del exjefe financiero han elevado la presión sobre la administración municipal y sobre la corporación educacional.
De Zapallar a Talagante
El antecedente más delicado revelado por 24 Horas apunta al paso previo de Marco Piña por otros municipios. Según el reportaje, Piña trabajó en al menos cinco municipios antes de llegar a Talagante y, en 2016, fue condenado por defraudación fiscal en una causa vinculada a la Municipalidad de Zapallar.
De acuerdo con el mismo medio, la investigación de esa época apuntó a un esquema entre directivos municipales y contratistas para apropiarse de recursos públicos. En ese caso, Piña habría cooperado en la emisión de facturas falsas para ejecutar el mecanismo, según lo determinado por la indagatoria del Ministerio Público.
El alcalde Rosas sostuvo ante 24 Horas que el certificado de antecedentes de Piña aparecía limpio. El reportaje explica que la condena no quedó anotada en el certificado por aplicación del artículo 38 de la Ley 18.216, norma que permite omitir ciertas condenas en el certificado de antecedentes cuando se trata de una primera condena, con el objetivo de favorecer la reinserción laboral.
Ese punto abre un debate mayor: si para cargos de alta responsabilidad financiera basta con revisar antecedentes formales o si los municipios y corporaciones deben aplicar filtros adicionales, especialmente cuando se trata de recursos públicos destinados a educación.
Una crisis que golpea a profesores y estudiantes
Más allá de la investigación penal, el impacto administrativo ya se siente en la comunidad escolar.
24 Horas recogió el testimonio de Daniela Aspeé, presidenta del sindicato de docentes del Liceo de Talagante, quien denunció que, tras la pérdida de los fondos, aparecieron problemas relacionados con créditos descontados por planilla que no habrían sido pagados y cotizaciones previsionales impagas.
Según docentes citados por el reportaje, la desaparición de los recursos habría dejado al descubierto una situación financiera crítica dentro del sistema educativo comunal. Una profesora afirmó que incluso antes del fraude ya existían problemas de insumos básicos para el funcionamiento escolar, como falta de materiales, resmas de papel, lápices y papel higiénico.
El alcalde reconoció dificultades financieras y señaló que el municipio debió traspasar recursos para enfrentar deudas. También afirmó que la situación lo obligaba a intervenir y auditar la Corporación de Educación.
La pregunta por los controles
El caso instala una pregunta central para Talagante: ¿qué controles existían sobre las cuentas de la educación municipal y quiénes tenían acceso a claves, dispositivos bancarios y autorizaciones para mover recursos?
La página web de la Municipalidad de Talagante muestra que la administración comunal cuenta con direcciones como Administración y Finanzas, Control y Asesoría Jurídica, además de enlaces a gastos municipales, presupuesto y transmisiones del Concejo Municipal. Esa estructura institucional vuelve relevante conocer qué rol cumplía cada área en la supervisión de la corporación educacional y qué mecanismos de control se aplicaban sobre sus movimientos financieros.
También queda abierta la pregunta sobre la contratación del exjefe de finanzas: quién revisó sus antecedentes, qué información estaba disponible, qué filtros se aplicaron y si existieron advertencias previas.
La versión pendiente del exjefe financiero
24 Horas señaló que intentó contactar a Marco Piña Paredes para conocer su versión, pero no obtuvo respuesta al cierre de su reportaje. Posteriormente, el medio informó que recibió un llamado de Cristian Rivera Onetto, quien se identificó como abogado del exjefe de finanzas y aseguró que entregarían información que, según dijo, daría “un vuelco” al caso.
Hasta que esa versión se conozca y sea incorporada a la investigación, el caso sigue abierto.
Por ahora, Fiscalía deberá determinar cómo se ejecutaron las transferencias, quiénes participaron, si hubo entrega voluntaria de claves o vulneración externa de accesos, y si existieron fallas administrativas que facilitaron la salida de los recursos.
Un caso que excede el robo
La pérdida de los más de $408 millones no es solo un problema contable. Se trata de fondos vinculados a la educación pública comunal, con efectos sobre profesores, estudiantes, proveedores, insumos escolares, cotizaciones y confianza institucional.
El nuevo antecedente sobre el historial del exjefe de finanzas obliga a mirar el caso más allá del eventual fraude informático. La pregunta de fondo es cómo se resguardan los recursos de la educación municipal, qué controles existen para cargos críticos y qué responsabilidades administrativas podrían surgir si se comprueba falta de supervisión.
