SANTIAGO DE CHILE – Una fuerte controversia política y ciudadana se ha desatado tras las recientes declaraciones del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, respecto a las facultades de la Fiscalía para levantar el secreto bancario en el marco de la discusión que se mantiene en el Congreso por el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica contra el crimen organizado, propuesta que fue rechazada hoy en el Senado y se envió a comisión mixta.
El proyecto discutido en el Congreso busca identificar operaciones financieras sospechosas que se relacionen con lavado de activos, financiamiento de organizaciones terroristas y otras actividades ilícitas que no quedan del todo claras.
Lo que se pretende es establecer un trabajo conjunto entre el SII, Servicio Nacional de Aduanas y la Unidad de Análisis Financiero, sin establecer límites que se debieran respetar para no pasar a llevar los derechos constitucionales de la ciudadanía.
La respuesta del timonel del Partido Nacional Libertario a las declaraciones del jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, quien señaló: “Desde el sentido común pareciera que sería más sencillo investigar estos delitos si la Fiscalía pudiera, sin autorización judicial, revisar las cuentas de cualquier persona”. Si bien el planteamiento busca agilizar el acceso a información financiera en casos criminales complejos, la idea de prescindir del control de los tribunales generó una respuesta inmediata desde diversos sectores políticos, calificando la medida como síntoma de facilismo que pone en riesgo las garantías constitucionales.
Kaiser ironizó sobre el alcance de esta lógica argumentando que, bajo la premisa de hacer las cosas “más sencillas”, el Estado también podría justificar:
- Allanar viviendas sin una orden de entrada y registro.
- Interceptar o pinchar comunicaciones telefónicas de forma arbitraria.
- Detener a ciudadanos sin el debido respaldo legal.
Los riesgos denunciados
Desde los sectores críticos se enfatiza que otorgar un acceso irrestricto a los datos bancarios de los ciudadanos, sin el filtro de un juez de la República, abre la puerta a tres graves peligros para la sociedad como filtraciones de información sensible: El riesgo de que datos financieros privados terminen expuestos a la luz pública; vulneración de la privacidad: El debilitamiento del derecho constitucional a la intimidad de las personas o el uso político de datos personales: La posibilidad de que el control financiero estatal se instrumentalice con fines de persecución política.
Durante la discusión parlamentaria, la oposición, que ha impulsado el levantamiento del secreto bancario hasta el hartazgo, recordó el operativo Tokio, que logró desarticular el brazo financiero del Tren de Aragua, aunque este operativo se llevó a cabo y que incluyó la detención del ejecutivo del Banco Santander también la efectividad real del Ministerio Público en las causas que han podido ser perseguidas, pero que de una u otra manera los juicios no han llegado a puerto , como en el “Caso Fundaciones”, ironizando con lo difícil que parece perseguir y condenar a los culpables.
Los detractores afirman que el secreto bancario no es el verdadero obstáculo en las investigaciones de alta connotación pública, exigiendo mayor fuerza y celeridad en la persecución de casos que involucran desvío de miles de millones de pesos de arcas públicas y algunos críticos de la propuesta indicaron que la herramienta podría proceder si se genera un listado de organizaciones criminales enemigas de Chile, se simplifiquen los tiempos para hacer esta gestión, pero generando también herramientas que cuiden los derechos constitucionales de esta medida intrusiva, la que hoy está disponible con autorización judicial.
El debate queda completamente abierto a la opinión pública y en espera por las siguientes discusiones legislativas
