Imagen de archivo de operativo de expulsión de personas extranjeras. Servicio Nacional de Migraciones / Gobierno de Chile.
El gobierno del Presidente José Antonio Kast mantiene bajo seguimiento una de sus principales promesas en materia migratoria: ejecutar expulsiones de personas extranjeras que mantienen órdenes administrativas o judiciales para abandonar el país.
Según reportes de la PDI a los que tuvo acceso La Tercera, entre el 11 de marzo y el 18 de mayo han salido de Chile 395 personas con orden de expulsión. De ese total, 279 casos correspondieron a expulsiones forzadas, coordinadas por el Ejecutivo, mientras que 116 personas acataron la medida y abandonaron el país de manera voluntaria, quedando con prohibición de ingreso.
La cifra implica que el 70,6% de los casos registrados corresponde a expulsiones forzadas. En esos procedimientos, 169 personas salieron mediante vuelos comerciales, 80 en vuelos de la Fuerza Aérea y 30 por vía terrestre. En el caso de quienes acataron la salida voluntariamente, la mayoría dejó el país desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez.
Nacionalidades y comparación con el gobierno anterior
El reporte también detalla que, dentro del total de expulsados, la mayor proporción corresponde a ciudadanos colombianos, con 148 casos, equivalentes al 37,4%. Le siguen venezolanos, con 82 casos; bolivianos, con 66; peruanos, con 35; dominicanos, con 23; y ecuatorianos, con 21.
Al comparar las expulsiones forzadas del actual gobierno con un periodo similar del inicio de la administración de Gabriel Boric, La Tercera señala que los casos aumentaron en 40%. En el periodo comparado de 2022 se registraron 199 expulsiones, mientras que bajo Kast la cifra de expulsiones forzadas llegó a 279. El medio advierte, eso sí, que las exigencias legales no eran las mismas, ya que antes se requería notificar personalmente en dos ocasiones y ahora basta con correo o carta certificada.
El diseño del gobierno
El Ejecutivo ya había iniciado formalmente su política de control migratorio el pasado 16 de abril, con un primer vuelo de expulsión de 40 ciudadanos extranjeros. Según informó el Servicio Nacional de Migraciones, ese operativo incluyó medidas administrativas y judiciales, y fue presentado como el inicio de una política permanente de control fronterizo y ejecución de expulsiones pendientes.
Desde el Gobierno han defendido que la prioridad es cumplir las órdenes de expulsión vigentes y reforzar el control de ingreso irregular. En abril, el Ministerio del Interior informó que durante el primer mes de la administración se concretaron 156 expulsiones, un 33% más que en el mismo periodo de 2022, además de una caída de 67,4% en denuncias por ingreso clandestino entre el 11 de marzo y el 11 de abril, comparado con igual periodo de 2022.
De acuerdo con La Tercera, el gobierno identifica tres frentes para sostener esta política: retomar relaciones con Venezuela para ejecutar órdenes pendientes, aprobar una indicación que permita solicitar antecedentes de contacto a centros de salud y colegios respecto de extranjeros en situación irregular, y obtener más recursos para financiar expulsiones, cuyo costo promedio sería de $2.956.000 por persona.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió la línea del Ejecutivo y sostuvo que el objetivo es “ordenar la casa” y ejecutar todas las expulsiones posibles. El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, agregó que desde el inicio del gobierno se han realizado más de 15 mil fiscalizaciones y que se han emitido y firmado 4.107 decretos de expulsión.
