Imagen generada con Inteligencia Artificial. El Carrerino 2026.
Bolivia se encuentra sumergida en una de las crisis políticas y sociales más agudas de su historia reciente. Apenas seis meses después de asumir la presidencia con el 55% de los votos, el mandatario de centro-derecha, Rodrigo Paz Pereira, enfrenta un cerco civil y sindical masivo que mantiene sitiada a la capital del país, La Paz, y a diversas regiones estratégicas. Detrás de estas movilizaciones, según denuncias oficiales, se encuentra la figura del expresidente Evo Morales, quien busca desestabilizar al Ejecutivo para eludir una orden de captura por delitos graves.
Un país paralizado y al borde de la emergencia sanitaria
Las protestas, iniciadas formalmente a mediados de mayo bajo la denominada “Marcha por la vida para salvar Bolivia”, han escalado rápidamente con el establecimiento de al menos 67 puntos de bloqueo de carreteras en todo el país, concentrándose 50 de ellos en el departamento de La Paz.
Este bloqueo sistemático de vías terrestres ha generado un desabastecimiento crítico. Los mercados se encuentran desprovistos, la canasta básica se ha disparado y el sistema de salud está al borde del colapso debido a la falta de oxígeno medicinal en al menos 12 hospitales. De acuerdo con reportes locales, la obstrucción a las ambulancias ya ha cobrado las primeras víctimas mortales por falta de atención médica oportuna. La gravedad de la situación obligó incluso a la Conmebol a trasladar partidos oficiales de la Copa Libertadores y Sudamericana fuera del territorio boliviano.
El detonante económico: El fin del “Milagro Gasífero”
Para comprender la volatilidad actual es necesario revisar el trasfondo económico que heredó la administración de Paz Pereira. Tras 14 años de gestión de Evo Morales y la continuidad del Movimiento al Socialismo (MAS), el modelo económico socialista boliviano, sustentado en la nacionalización y exportación de gas natural, se agotó.
Entre 2014 y 2024, la producción de gas cayó estrepitosamente debido a la falta de inversión en nuevos yacimientos, reduciendo los ingresos por exportaciones en un 69%. Para sostener el elevado gasto público y los subsidios a los hidrocarburos, los gobiernos anteriores consumieron el 87% de las reservas internacionales netas del Banco Central. Esto arrastró al país a una recesión, escasez de dólares y filas kilométricas en las estaciones de servicio a inicios de 2025.
Ante este escenario de quiebra técnica, el presidente Rodrigo Paz decretó en diciembre de 2025 la eliminación de los subsidios a los combustibles vigentes por más de dos décadas, lo que provocó un incremento inmediato del 86% en la gasolina y del 162% en el diésel.
Si bien el descontento social por el encarecimiento de la vida es generalizado, analistas y autoridades señalan que la radicalización de los bloqueos responde a una agenda estrictamente política.
La red de contención de Evo Morales y el factor DEA
El núcleo de la insurrección está compuesto por organizaciones históricamente aliadas al MAS, como la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Tupac Katari, los Maestros Rurales y la facción armada de los “Ponchos Rojos“, estos últimos captados en videos llamando abiertamente a una “guerra civil”.
El epicentro del conflicto se sitúa en la región del Chapare, bastión cocalero y “estado paralelo” donde Evo Morales permanece atrincherado desde octubre de 2024, resguardado por grupos civiles armados. Morales fue declarado en rebeldía por la justicia tras no presentarse al juicio formalizado en su contra por trata agravada de personas y estupro, derivado de presuntas relaciones con menores de edad durante su mandato.
La tensión para el exmandatario aumentó drásticamente cuando el gobierno de Rodrigo Paz restableció los lazos de cooperación en materia de inteligencia con la Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA), una entidad que Morales había expulsado en 2008. Vuelos recientes de la agencia sobre laboratorios y pistas clandestinas en el Chapare han cercado logísticamente al líder cocalero, cuyo entorno controla zonas donde se calcula que más del 90% de la hoja de coca se desvía al narcotráfico.
Un gobierno con fisuras internas
La gobernabilidad del presidente Paz Pereira no solo se ve amenazada desde las carreteras. El Ejecutivo enfrenta una profunda crisis interna provocada por su propio vicepresidente, el influencer y expolicía Edman Lara, quien a las pocas semanas de asumir el cargo se declaró en “oposición constructiva” y actualmente respalda las movilizaciones que exigen la renuncia del mandatario.
El temor a un golpe de Estado interno ha llevado al presidente a decretar poderes para gobernar desde el exterior sin delegar el mando. A esto se suma la polémica eliminación por decreto del Ministerio de Justicia tras un escándalo de corrupción de su primer titular.
Despliegue de seguridad sin armas letales
Frente al asedio, el Gobierno boliviano ha movilizado un operativo masivo de más de 3,500 efectivos policiales para intentar abrir “corredores humanitarios” y desbloquear los accesos a La Paz. Aunque las directrices oficiales exigen el uso exclusivo de agentes químicos y prohíben el armamento letal para evitar pérdidas humanas, la detonación de dinamitas por parte de los manifestantes mantiene el escenario bajo una extrema volatilidad.
El desenlace de control o quiebre institucional de los próximos días y la posibilidad de contagio al resto de la región –como ya pasó en 2019- determinará el futuro de Bolivia, y sea cual sea, deja al descubierto el poder de los grupos narcoterroristas iberoamericanos, hoy intentando blindarse para no desaparecer por creciente amenaza de Estados Unidos y el presidente Trump a las operaciones ilícitas que llevan desestabilizando a la región por años.
