El Partido de la Gente nació con una promesa simple y poderosa: sacudir la política tradicional desde fuera de la política tradicional. Su relato hablaba de ciudadanía, participación directa, herramientas digitales y distancia con las lógicas de los partidos de siempre. Pero hoy, el PDG enfrenta una escena bastante más clásica: una elección interna anulada, acusaciones cruzadas, un tribunal partidario cuestionado y una disputa abierta por el control de la colectividad.
Esta semana, el Tribunal Supremo del Partido de la Gente declaró inválido el proceso electoral interno realizado el pasado 25 de abril y ordenó repetir los comicios. En esa votación se elegían la directiva nacional, directivas regionales, directivas regionales de Juventud y consejos regionales. Según informó La Tercera, el propio informe interno del partido concluyó que el proceso no reunía condiciones suficientes de “certeza jurídica, verificabilidad homogénea, trazabilidad y control documental” para proclamar válidamente a las nuevas autoridades.
La resolución dejó sin efecto el triunfo de la Lista B, encabezada por Patricio Quisbert, y mantuvo de forma provisoria a las autoridades vigentes solo para asegurar continuidad administrativa. De esta manera, Rodrigo Vattuone sigue como presidente del partido y Franco Parisi como vicepresidente hasta que se realice un nuevo proceso electoral.
El problema no fue un detalle
El Tribunal Supremo apuntó a una serie de fallas administrativas y documentales. Entre ellas, mencionó problemas en la remisión de antecedentes electorales, envío incompleto de padrones, falta de uso uniforme del foliado, ausencia de integridad documental y falta de mecanismos de trazabilidad electoral. Además, detectó diferencias entre la cantidad de votos consignados en algunas actas de escrutinio y la cantidad de firmas registradas en los padrones respectivos.
En simple: las cifras no calzaban en varias mesas. Y para un partido que ha construido parte de su identidad en torno a la participación ciudadana y la democracia interna, ese punto golpea directamente su relato.
Canal 9 consignó que el Tribunal Supremo ordenó repetir la elección bajo “estándares reforzados” y con mecanismos obligatorios de conciliación entre votos emitidos, firmas en padrón y trazabilidad documental de mesa. Es decir, no se trata solo de volver a votar, sino de hacerlo con más controles para evitar que el resultado vuelva a quedar en entredicho.
La lista ganadora no se quedó callada
La decisión, sin embargo, no cerró la crisis. Al contrario, abrió otra. La Lista B, que había ganado los comicios internos, rechazó duramente la anulación y acusó una “grave crisis de legitimidad institucional y jurídica” dentro del PDG. Según BioBioChile, el bloque cuestionó que la resolución haya sido adoptada solo con la firma de tres de los cinco integrantes del Tribunal Supremo, mientras existían votos disidentes de otros dos miembros.
La lista encabezada por Quisbert también apuntó a presuntas solicitudes de inhabilidad pendientes contra integrantes del propio tribunal, las que —según acusan— no habrían sido resueltas antes de invalidar la elección. Además, cuestionaron la “pasividad” de la directiva nacional encabezada por Rodrigo Vattuone, quien también competía en la elección interna liderando la Lista A.
The Clinic recogió otra frase que muestra el tono del conflicto: desde la Lista B advirtieron que sería una “pésima señal” forzar una nueva elección bajo condiciones que, a su juicio, estarían alejadas de la transparencia y la institucionalidad. El bloque evalúa acudir al Tribunal Calificador de Elecciones o presentar un recurso de protección para intentar revertir la decisión.
Una crisis con memoria larga
El episodio no aparece en el vacío. El PDG ha sido una de las fuerzas más llamativas de la política chilena reciente: nació como una propuesta ciudadana, independiente y transversal, vinculada a la figura de Franco Parisi, y se constituyó legalmente como partido en 2021. La Biblioteca del Congreso Nacional lo describe como una colectividad que se definió como “Partido Nacional Ciudadano, independiente, regional, transversal, sin ideologías políticas, autofinanciado”.
Su entrada al sistema político fue rápida. En 2021 llegó a ser uno de los partidos con mayor número de militantes y tuvo una fuerte impronta digital, especialmente durante la campaña presidencial de Parisi, marcada por redes sociales y transmisiones online. El PDG promovía la participación directa y el uso de herramientas presenciales y telemáticas para la toma de decisiones.
Pero esa misma promesa hoy vuelve como boomerang. Si un partido construye su identidad sobre la participación, la transparencia y la crítica a las élites partidarias, sus elecciones internas no pueden aparecer envueltas en dudas sobre actas, firmas y padrones. El problema no es solo administrativo: es simbólico.
El PDG en un momento clave
La crisis interna llega en un momento político delicado para el partido. El PDG ha vuelto a tener incidencia en negociaciones legislativas relevantes, incluyendo acuerdos con el Gobierno en materias sociales y económicas. Incluso, a partir de un acuerdo Gobierno-PDG, se ingresó un proyecto de ley de reembolso del IVA en pañales y medicamentos.
Eso hace que la conducción interna del partido importe más allá de sus militantes. Una colectividad con votos parlamentarios relevantes, capacidad de negociación y una base electoral particular no puede darse el lujo de aparecer institucionalmente desordenada justo cuando busca influir en la agenda nacional.
La pregunta de fondo es quién controla el PDG y bajo qué reglas. Si se repite la elección, la directiva actual gana tiempo y conserva el control administrativo hasta los nuevos comicios. Si la Lista B logra escalar el conflicto al Tricel o a tribunales, la disputa podría transformarse en un problema político y jurídico más complejo.
El partido contra su propio espejo
La paradoja es evidente. El PDG, que nació para diferenciarse de los partidos tradicionales, enfrenta una crisis que recuerda precisamente a los conflictos internos de las colectividades tradicionales: facciones, tribunales partidarios, recursos, acusaciones de legitimidad y disputas por la conducción.
Eso no significa que la anulación sea injustificada. El Tribunal Supremo argumentó fallas concretas en trazabilidad, padrones y actas. Si esos antecedentes son correctos, repetir la elección puede ser una forma de proteger la legitimidad del proceso. Pero tampoco significa que el conflicto termine ahí: la lista ganadora denuncia que el órgano que anuló la elección también estaría cuestionado.
En política, la forma muchas veces pesa tanto como el fondo. Y en este caso, el PDG deberá resolver no solo quién dirige el partido, sino si todavía puede sostener ante sus militantes la promesa de ser una colectividad distinta, más transparente y más conectada con la gente.
