Prensa presidencial.
El Gobierno decidió no mover su calendario. Pese a la ofensiva de indicaciones presentada por la oposición al Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico Social, La Moneda ratificó que buscará mantener el cronograma legislativo de una de las iniciativas más relevantes de la administración del Presidente José Antonio Kast.
La decisión ocurre después de varios días de tensión en el Congreso. Durante la semana pasada, parlamentarios opositores advirtieron la presentación de un “tsunami” de indicaciones que podía llegar a cerca de 2.500 enmiendas. Finalmente, el número fue menor al anunciado inicialmente, pero suficiente para abrir un nuevo flanco en la tramitación del proyecto.
Según informó Diario Financiero, las oposiciones ingresaron alrededor de 900 propuestas, considerando indicaciones conjuntas, de bancadas y de parlamentarios a título individual. El Partido Comunista concentró cerca de 470, mientras la diputada Zandra Parisi y otros legisladores del PDG también presentaron cambios. La Democracia Cristiana, en tanto, ingresó 102 indicaciones.
El episodio fue leído en el oficialismo como una señal de presión legislativa. Desde el Gobierno acusan que el volumen de indicaciones busca dilatar el avance del proyecto, mientras que la oposición sostiene que se trata de una herramienta legítima para discutir el contenido de una iniciativa que consideran demasiado amplia.
Para enfrentar ese escenario, La Moneda puso en marcha una estrategia legislativa propia. De acuerdo con La Tercera, el Ejecutivo presentará indicaciones sustitutivas que, en caso de ser aprobadas, podrían dejar sin efecto una parte importante de las enmiendas opositoras. La fórmula apunta a ordenar la votación en particular y evitar que la discusión quede atrapada en una revisión extensa de cada propuesta presentada por la oposición.
La estrategia fue respaldada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien remarcó que el Gobierno no cederá en su calendario. Según La Tercera, en Palacio apuestan a sostener el ritmo de la tramitación y a impedir que el debate procedimental termine desplazando el fondo del proyecto.
El Plan de Reconstrucción ya superó su primer trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. La iniciativa reúne cerca de 40 medidas económicas, tributarias, laborales, ambientales y de vivienda, entre ellas rebajas de impuestos, incentivos a la inversión, simplificación de permisos y herramientas para la reconstrucción de zonas afectadas por incendios. El Gobierno busca despacharla de la Cámara antes del 18 de mayo y del Senado antes del 21.
La oposición, sin embargo, cuestiona tanto el contenido como la forma de la iniciativa. Sus críticas apuntan a que el proyecto mezcla materias distintas en un solo paquete y que algunas de sus medidas deberían discutirse por separado. Radio Universidad de Chile informó que, tras el ingreso de indicaciones, sectores del progresismo defendieron las enmiendas como parte del trabajo parlamentario, mientras el oficialismo insistió en que buscan dilatar la discusión.
En paralelo, el debate también ha abierto diferencias dentro de la propia oposición. La Democracia Cristiana optó por tomar distancia de una ofensiva masiva y presentó un número acotado de indicaciones, mientras sigue negociando con el Ejecutivo. Ese matiz es relevante para La Moneda, que necesita mantener conversaciones con sectores no alineados completamente con la izquierda para asegurar el avance del proyecto.
El fondo de la disputa no es solo reglamentario. Para el Gobierno, el Plan de Reconstrucción es una pieza clave de su agenda económica, con la que busca acelerar la inversión, reactivar el empleo y mostrar resultados durante los primeros meses de administración. Para la oposición, en cambio, la reforma requiere una revisión profunda por sus impactos fiscales, tributarios y sociales.
Con este escenario, la Comisión de Hacienda se transformará en el primer gran test político del megaproyecto. El Ejecutivo intentará usar sus indicaciones sustitutivas para recuperar control sobre la tramitación. La oposición buscará instalar sus reparos de fondo. Y el resultado dependerá de si el Gobierno logra sostener sus apoyos sin que la discusión se convierta en una maratón legislativa.
Por ahora, La Moneda mantiene el mensaje: el cronograma sigue en pie. Pero el avance del Plan de Reconstrucción dependerá de una negociación fina, donde cada indicación puede convertirse en una señal política sobre la capacidad del Gobierno para ordenar el Congreso y defender su principal apuesta económica.
