A partir de las protestas que con el régimen teocrático de los ayatolás durante enero de este año – con más de 40.000 asesinados – y el ataque de EEUU e Israel al corazón del régimen, es que el país persa lleva más de 90 días con un apagón casi total de internet, pero el régimen iraní no parece encaminado a restablecer el acceso pleno a pesar del daño económico provocado por ello. Por el contrario, está institucionalizando un modelo de conectividad selectiva que beneficia a sectores cercanos al poder y excluye deliberadamente a amplias capas de la población.
Si ya el costo del servicio era una forma de segregación y exclusión en el acceso a la conexión a internet. Sobre 16 dólares por gigabyte es un precio muy alto para el mundo libre y excluyente para un país sumido en la pobreza, la crisis y que ahora vive una guerra, la medida, descrita en círculos oficiales como un sistema de acceso diferenciado —popularmente referido como “internet Pro”—, no apunta a normalizar la vida digital del país, sino a redefinir quién puede conectarse y en qué condiciones. En la práctica, se trata de un esquema donde empresas estratégicas, actores económicos afines al régimen y redes vinculadas a la Guardia Revolucionaria reciben acceso a internet relativamente estable, mientras el resto de la ciudadanía queda excluido del uso de la red.
Los datos son elocuentes. Según cifras citadas en el informe Shargh, el país ha operado durante semanas con niveles mínimos de conectividad internacional, afectando de forma directa a millones de usuarios personales y pequeños y medianos negocios. Las pérdidas económicas derivadas del apagón se cuentan en millones de dólares diarios, con especial impacto en pequeños emprendimientos, trabajadores independientes y el comercio digital. Sin embargo, ese costo parece secundario frente al objetivo político: controlar el flujo de información y mantenerse en el poder.
El argumento oficial se apoya en la seguridad nacional y la estabilidad interna, en un contexto de conflicto bélico y tensiones sociales. Pero la evidencia sugiere otra cosa. La segmentación del acceso no es neutral: configura un mapa digital donde el privilegio de conectarse depende de la cercanía al poder. Así, mientras los sectores productivos más cercanos al poder recuperan parcialmente la conexión, activistas, periodistas independientes y ciudadanos críticos quedan efectivamente fuera del espacio digital global.
Estas medidas han generado un profundo rechazo también en sectores civiles que podrían acceder a tener conexión. La Organización del Sistema de Enfermería anunció que no solicitará el servicio “Pro” hasta que se restablezca el acceso para todos. Consideran que aceptar estas condiciones valida la censura estructural del régimen.
Este modelo profundiza una tendencia que Irán ha desarrollado durante años: la construcción de una infraestructura paralela que permite aislar al país y perpetuar un régimen que vulnera todo tipo de derechos fundamentales. La diferencia ahora es la escala y la intención explícita de convertir esa arquitectura en una herramienta permanente de gobernanza, pero la crisis económica se profundiza con estas medidas de la mano de la paralización de las actividades económicas y difícilmente lograrán mantener estas medidas sin colapsar completamente sus servicios internos que ya están al límite.
Incluso dentro del debate interno han surgido cuestionamientos. El informe Shargh advierte que esta forma de segmentación contradice principios básicos de equidad digital y podría agravar aún más la brecha social. Sin embargo, esas advertencias parecen tener poco peso frente a una estrategia que prioriza el control político sobre el acceso universal.
Lo que está en juego va más allá de la conectividad. Al avanzar sin disimulo hacia un sistema donde el acceso a internet se distribuye como un una herramienta de control para mantenerse en el poder a cualquier costo, tal y como arribó la teocracia chiíta de los Ayatolás en 1979 , el régimen iraní no solo limita la libertad de información, sino que reafirma la necesidad extrema del pueblo iraní de derrocar al régimen que después de 47 años y de paso naturaliza este tipo de prácticas en los defensores de la dictadura persa, dando un paso más allá en la redefinición de las reglas básicas de la democracia, los derechos fundamentales y la participación en la vida pública.
