El Gobierno abrió un nuevo flanco de debate en torno a la franquicia tributaria del Sence, uno de los instrumentos más usados por empresas para financiar capacitación laboral, pero desde La Moneda insisten en que no se trata de una eliminación total del mecanismo, sino de una modificación en sus condiciones de acceso. Así lo señaló el ministro del Interior, Claudio Alvarado, al abordar una de las aristas incluidas en la megarreforma económica impulsada por el Ejecutivo.
Según Emol, Alvarado sostuvo que “no es nuestro ánimo coartar esos recursos”, en medio de versiones que han apuntado a una eventual eliminación de la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. El ministro explicó que la discusión está orientada más bien a revisar el diseño del beneficio y los criterios bajo los cuales hoy opera.
La franquicia tributaria del Sence sigue vigente y, de acuerdo con la definición oficial del propio servicio, consiste en un incentivo tributario para empresas contribuyentes de Primera Categoría, que les permite descontar del impuesto a la renta hasta el 1% de la planilla anual de remuneraciones por gastos en capacitación autorizada, conforme a la Ley 19.518.
En términos prácticos, el instrumento está pensado para que las empresas financien capacitación de trabajadores, extrabajadores y potenciales trabajadores, bajo ciertas reglas y montos establecidos por la normativa. Por eso, el punto que hoy se discute no sería la desaparición del mecanismo, sino la posibilidad de endurecer los requisitos para ser beneficiario o redefinir de mejor forma qué empresas pueden seguir accediendo a él. Esta última formulación es una inferencia razonable a partir de la declaración de Alvarado y del marco oficial vigente de la franquicia.
El debate además se da en un contexto en que Sence ya ha venido ajustando parte de la regulación del sistema. El 3 de marzo de 2026, el servicio informó oficialmente una modificación del marco normativo asociado al instructivo para la presentación, revisión y autorización de cursos financiados con la franquicia tributaria. Semanas antes, también había comunicado la eliminación de la modalidad de capacitación a distancia por autoaprendizaje, con el argumento de fortalecer la calidad y el control del proceso formativo.
Con ese antecedente, la discusión que hoy instala el Gobierno parece apuntar menos al fin del beneficio y más a una reconfiguración de sus reglas, en un escenario donde la capacitación laboral sigue siendo un componente relevante de la política pública para empresas y trabajadores. Lo que resta por conocer es el detalle del proyecto o indicación que precise exactamente qué requisitos cambiarían y a qué segmentos afectaría.
