Las elecciones en Perú del pasado 12 y 13 de abril han quedado envueltas en una creciente polémica tras las denuncias de fraude electoral formuladas por el candidato Rafael López Aliaga. El dirigente, conocido por su postura conservadora y su discurso crítico frente a las élites políticas tradicionales, ha cuestionado la transparencia del proceso y ha presentado una serie de elementos que apuntarían a irregularidades significativas en el conteo de votos, favoreciendo a Roberto Sánchez, candidato de izquierda, cercano a Pedro Castillo, presidente destituido en 2022 por intentar disolver el Congreso de la República y con Antauro Humala, ex militar condenado por participar de un levantamiento militar contra el ex presidente Toledo, a quienes a prometido excarcelar de ser elegido presidente.
Sánchez también ha hecho polémica por proponer cambiar la Constitución, proponer aumentar el gasto público y quitar la autonomía del Banco Central peruano y destituir a su presidente, Julio Velarde, quien ha sido elogiado por el buen manejo monetario que en gran medida explica el buen desempeño económico del país, mientras que se vive una crisis política constante.
Según el candidato conservador, más de 500.000 personas se quedaron sin votar por problemas logísticos relacionados con la apertura de mesas con hasta con 20 horas de retraso en Lima, ciudad en donde López Aliaga mostraba una amplia mayoría en las encuestas. De acuerdo con las declaraciones de López Aliaga y su abogado, entre las principales pruebas se encuentran actas electorales con inconsistencias numéricas, actas rotas y sustituidas, reportes de mesas en las que el número de votos emitidos supera al de votantes registrados, y denuncias de testigos que aseguran haber sido impedidos de fiscalizar adecuadamente el proceso en determinados centros de votación a los transcriptores de actas que, según las denuncias, eran en su mayoría de origen venezolano o tenían historial delictivo.
Asimismo, su equipo legal ha señalado supuestas fallas en el sistema de transmisión de resultados, lo que habría generado retrasos y cambios inesperados en las tendencias de los resultados que con casi un 70% de los votos escrutados mostraban que López Aliaga iría al ballotage con Keiko Fujimori con un 13.28% de las preferencias, mientras que el candidato de Izquierda, Roberto Sánchez recién aparecía en el 5to lugar con un 9,03% de un total de 35 candidatos que han participado de estas elecciones. Una rareza en un proceso eleccionario de este tipo.
Hoy a mediodía, con el 93,22% de los votos escrutados, Keiko Fujimori iría al ballotage de este 7 de junio con Roberto Sánchez, quien estaría superando a López Aliaga por una estrecha diferencia de 6.947 votos, aunque esta diferencia llegó a ser de 37.000 votos durante el conteo realizado durante la madrugada de ayer, lo que pone en duda la legitimidad por la lentitud del recuento durante el día y la diferencia en la tendencia de voto que se han publicado durante las madrugadas del día martes y miércoles.
El candidato ha solicitado una auditoría exhaustiva del proceso electoral, incluyendo la revisión de actas cuestionadas y la intervención de organismos internacionales para garantizar la imparcialidad. “No se trata solo de una elección, sino de la confianza en la democracia peruana”, afirmó en una conferencia de prensa, reiterando que no reconocerá resultados que considere viciados.
Por otro lado, el cuestionado candidato Roberto Sánchez ha defendido la legitimidad del proceso electoral y ha rechazado categóricamente las acusaciones. Identificado con una línea política más progresista y con propuestas orientadas a reformas sociales y económicas, Sánchez ha sostenido que las denuncias responden a una estrategia para desacreditar los resultados ante una eventual derrota. “Las instituciones han funcionado y deben ser respetadas”, declaró, enfatizando la necesidad de preservar la estabilidad democrática.
No obstante, desde sectores afines a López Aliaga se ha insinuado la posibilidad de que Sánchez o actores cercanos a su campaña hayan podido influir de alguna manera en el proceso electoral. Estas afirmaciones, hasta el momento, no han sido respaldadas por pruebas concluyentes verificadas por organismos independientes, lo que ha generado un clima de tensión y polarización en el país.
Analistas políticos coinciden en que, si bien las irregularidades denunciadas deben ser investigadas con rigor, es fundamental evitar conclusiones precipitadas que puedan socavar la institucionalidad. En este sentido, el papel de los organismos electorales y de observadores internacionales será clave para esclarecer los hechos y ofrecer garantías tanto a los candidatos como a la ciudadanía.
El escenario actual refleja una profunda división política y social en Perú, donde la confianza en las instituciones vuelve a ponerse a prueba. Mientras se espera el pronunciamiento oficial de las autoridades electorales, el país enfrenta el desafío de resolver las controversias dentro del marco democrático y con apego a la legalidad.
La evolución de este conflicto marcará no solo el resultado de la elección, sino también el rumbo político del Perú en los próximos años y el resultado de esta contienda se sigue decidiendo voto a voto.
