La próxima junta de accionistas de Codelco, fijada para el 20 de abril, aparece como una cita especialmente sensible para la estatal. Según reportó Señal DF, el encuentro será la última junta encabezada por Máximo Pacheco al frente del directorio y se dará en un contexto de mayor escrutinio desde el Gobierno sobre el desempeño de la compañía.
El semanario del Diario Financiero plantea que, aunque hasta hace algunas semanas la administración se preparaba para destacar logros como el acuerdo con SQM en litio, ese clima cambió tras cuestionamientos sobre costos, endeudamiento y productividad. El artículo sostiene que en la cita del 20 de abril habrá revisión sobre cifras clave de la empresa y un interés más activo del Ejecutivo como dueño de la minera estatal.
Ese mayor foco convive, al mismo tiempo, con resultados que Codelco ha presentado como positivos. A fines de marzo, la empresa informó que cerró 2025 con un Ebitda de US$ 6.670 millones, un alza de 23% frente a 2024, y que sus aportes consolidados al Fisco alcanzaron US$ 1.778 millones, un incremento de 16% respecto del año anterior.
Sin embargo, el debate no parece agotarse en los resultados financieros. Señal DF indica que entre los temas que estarán bajo la lupa figuran la caída de la producción, el alza de los costos, el nivel de endeudamiento y el avance real de los planes estructurales, además de las alternativas que se analizaron cuando algunos de esos proyectos enfrentaron dificultades.
En paralelo, la propia agenda reciente de la estatal refuerza la idea de una relación más directa con Hacienda. El 31 de marzo, Codelco informó oficialmente que Máximo Pacheco sostuvo una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para abordar resultados recientes, desafíos y proyecciones de desarrollo de la minera.
Uno de los elementos que la administración sí puede exhibir como hito es el avance del acuerdo con SQM. En diciembre de 2025, Codelco comunicó la materialización de NovaAndino Litio, la sociedad conjunta con SQM para desarrollar el negocio del litio en el Salar de Atacama, en una asociación que la firma presentó como una alianza público-privada inédita y con mayoría estatal.
Así, la junta del 20 de abril se proyecta como algo más que una formalidad corporativa. Será una instancia donde convivirán dos relatos: por un lado, el de una empresa que viene de mostrar mejores resultados y avances estratégicos; por otro, el de una estatal que sigue bajo observación por su estructura de costos, su deuda y la ejecución de proyectos que son clave para el futuro de la minería chilena. Esa última idea es una inferencia periodística razonable a partir de los antecedentes reportados por DF y por la propia compañía.
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